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Aceptan el desafío propuesto por el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) de preguntar a los afiliados su preferencia de representación. ¿Cuál es el convenio que más beneficia a los playeros? Una disputa que deberá resolver el Poder Ejecutivo.
La semana pasada, el SUPEH, gremio que nuclea a los 5.000 trabajadores que prestan funciones en las bocas de expendio que son propias de YPF a través de su empresa subsidiaria OPESSA, anunció que analiza medidas de fuerza para luego del 10 de diciembre, en protesta a la intención de la Federación de Empleados de Estaciones (FOESGRA) de avanzar en el encuadramiento de estos operarios.
En contacto con surtidores.com.ar, directivos de la institución plantearon de organizar una suerte de encuesta o plebiscito, para que sean las bases quiénes resuelvan la situación, más allá de que se espera un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, dependencia legal del Poder Ejecutivo.
Tras conocer esta propuesta, Andrés Doña, Secretario Gremial de la Federación de Empleados de Estaciones (FOESGRA) salió al cruce: “Nosotros estaríamos dispuestos a consultar a los trabajadores”. Tiene confianza, porque asegura tener “el mejor convenio”, con sueldos más altos.
Desde el punto de vista legal, el dirigente sostuvo que “FOESGRA tiene la personería gremial en la actividad de las estaciones de servicio; el tema de OPESSA es particular y se generó con las privatizaciones; ellos tienen 20 y nosotros 50 años de historia”.
Dado este contexto, Doña ve con dificultades encontrar alguna solución por la vía del diálogo: “hemos hablado muchas veces pero no tiene sentido discutir sobre cosas que no se pueden negociar. Los sindicatos se dividen por actividad y nosotros representamos a los empleados de las bocas de expendio”.
En las actuales condiciones, Doña hace una lectura política de las advertencias del SUPEH: “yo creo que nos están usando para justificar un paro al Gobierno de Mauricio Macri”.
Mientras tanto, explica que FOESGRA “está haciendo todos los trámites legales que corresponden”, por el momento a la Cámara Nacional del Trabajo. Pero como última instancia, en caso de que alguna de las partes apele el fallo, queda como opción la evaluación de la Corte Suprema de Justicia.
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