El SOESGyPE rechazó la eliminación de la indemnización laboral y exigió regulación estatal

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanza con una reforma laboral que incluye la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese o seguro de desempleo. Esta propuesta, que permitiría a las empresas adherir de forma voluntaria a un esquema alternativo de desvinculación, fue presentada como una herramienta para estimular la contratación.

Sin embargo, despertó un fuerte cuestionamiento normativo desde distintos sectores sindicales, en particular desde el ámbito de las Estaciones de Servicio, una de las actividades con mayor formalidad laboral en el país.

Las Estaciones de Servicio aguardan con expectativa los futuros cambios en materia de indemnizaciones

El sector expendedor sigue de cerca el avance del nuevo régimen de Fondos de Cese Laboral impulsado por el Gobierno nacional, que podría reemplazar las indemnizaciones tradicionales mediante acuerdos por convenio colectivo.

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Desde el SOESGyPE, su apoderado legal, el doctor Enrique Rodríguez, planteó objeciones jurídicas de fondo contra la propuesta. En diálogo con surtidores.com.ar, el también exministro de Trabajo remarcó que “la indemnización es un derecho constitucional consagrado en convenios colectivos y protegido por el artículo 14 bis, que no puede ser modificado sin intervención del Congreso ni eliminado por vía reglamentaria”. Al respecto, Rodríguez fue claro: “Todo lo que sea nuevo debe estar regulado por el Estado. No puede dejarse a la voluntad de las partes sin un marco normativo que resguarde al trabajador”.

Recordó que el rubro de Estaciones de Servicio ha sido históricamente respetuoso de la normativa laboral, con un alto porcentaje de empleo registrado y acuerdos paritarios activos. “No somos parte del problema, somos parte de la solución. Las estaciones tienen personal en blanco, cumplen con los aportes, y negocian en paritarias. Aplicar una reforma pensada para sectores informales en un ámbito legalizado es una contradicción peligrosa”, explicó Rodríguez.

Desde el punto de vista técnico, el abogado laboralista advirtió que la propuesta del Gobierno entra en conflicto con el principio de progresividad de los derechos laborales y puede considerarse inconstitucional. “La Constitución protege los derechos adquiridos. No se puede retroceder en protección sin violar normas fundamentales. La indemnización por despido no es una carga arbitraria, es un mecanismo de reparación ante un daño”, sostuvo.

Rodríguez también alertó sobre el riesgo de abrir la puerta a una generalización de figuras contractuales más precarias si no se establece una clara regulación desde el Estado. “La reforma busca mostrar flexibilidad, pero si no se garantiza una alternativa de cobertura sólida, el trabajador queda desprotegido. La figura del fondo de cese puede ser debatida, pero bajo estricta negociación colectiva y control estatal. De lo contrario, será una flexibilización encubierta”, precisó.

Lejos de oponerse a cualquier tipo de actualización, el sindicato aclaró que está dispuesto a discutir formas modernas de contratación o mecanismos alternativos de desvinculación, siempre y cuando sean parte de un proceso negociado. “No nos negamos a hablar de nuevas herramientas. Pero no pueden imponerse por decreto o por presión empresarial. El sindicato tiene que participar activamente y los derechos deben estar garantizados”, insistió Rodríguez.

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En ese marco, el SOESGyPE prepara una estrategia legal para cuestionar la implementación del fondo de desempleo en las Estaciones de Servicio si este fuera aplicado sin respaldo normativo claro. Entre las medidas previstas, se analiza la posibilidad de presentar una acción judicial colectiva junto con otros gremios, y denunciar cualquier intento de modificar los convenios sin acuerdo paritario.

Por último, el letrado reiteró que el sector necesita estabilidad jurídica para seguir operando y generando empleo formal. “Las Estaciones de Servicio son PyMES distribuidas a lo largo del país, que cumplen con la ley y sostienen miles de puestos de trabajo registrados. Merecen un marco laboral serio, no reformas improvisadas. Cualquier cambio tiene que ser consensuado y no puede vulnerar derechos”, concluyó Rodríguez.