Propuesta legislativa
Ingresó recientemente a la Cámara Alta del Congreso Nacional, una iniciativa tendiente a implementar montos fijos diferenciados en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil destinado al suministro de vehículos en estas regiones del país.
Impulsada por el Senador Antonio Rodas, del FDT por la provincia del Chaco, la propuesta se basa además en cambiar el destino de los fondos de dichos impuestos hacia obras de infraestructura y caminos, para fomentar la producción y la logística de los productos, lo cual redundaría en más trabajo para las expendedoras de combustibles.
El legislador defendió su idea de modificar la ley 23966 para que a partir de la sanción de la misma “se tenga en cuenta la importancia del tema en cuestión, ya que al cambiar la forma de actualización del impuesto a los combustibles líquidos e hidrocarburos, y también, reasignando una parte de los recursos de esta norma, se podrá fortalecer la participación de los fondos asignados a los estados provinciales para un desarrollo armónico y sustentable de sus economías regionales”.
Rodas aclaró que el diferencial impositivo será clave en el control de la migración de consumidores en las Estaciones de Servicio nacionales, así como de los períodos que se están viviendo hoy, con el ingreso irrestricto de automovilistas y transportistas de los países limítrofes que cargan a menor precio que en su lugar de origen.
Agregó que de esta manera se contribuirá a la erradicación del contrabando de nafta y la seguridad de la actividad para la población de las provincias afectadas.
MEJORES CAMINOS Y ACCESOS, MAS TRANSITO EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Entre los fundamentos para plantear el segundo de los puntos de este proyecto que destina más fondos de los impuestos a los combustibles hacia obras viales, el senador aseguró que “solucionará un grave problema originado por falta de recursos de afectación específica para planificar y organizar adecuadamente los programas de mantenimiento y conservación de la Red Provincial de Caminos a cargo de los Organismos Provinciales de Vialidad, a la ejecución de las Obras Publicas Provinciales y al Desarrollo Eléctrico del Interior”.
Recalcó finalmente que la red de Estaciones de Servicio debe ser parte de la política vial de Estado donde la Nación planifique el desarrollo de las regiones en un sentido macro y las provincias participen con sentido federal para efectuar inversiones en las redes viales, de tal manera de asegurar un tránsito confiable y seguro que redundará sobre todo en beneficio del interior del país contribuyendo al desarrollo de los pueblos y a una mejor calidad de vida.
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