Los legisladores por la provincia de La Pampa, Ariel Rauschemberger y Melina Delu, presentaron un proyecto de Resolución (4490-D-2019) en el que exigen a las autoridades que intervengan para resolver la falta de naftas y gasoil que se origina en diversas regiones del país.  

En el escrito, reclaman que la Secretaría de Energía dicte las normas reglamentarias que se estimen prudentes y necesarias a los efectos de regular los procesos y circuitos de intermediación y comercialización de combustibles a los fines de garantizar el normal aprovisionamiento en todas las Estaciones de Servicio que se encuentren operativas en el país.

Rauschemberger y Melina Delu,  exigen asimismo que el Ejecutivo acuerde subsidios para asegurar el normal suministro, prohibir y sancionar los actos y las conductas, relacionados con el abastecimiento y venta de combustibles, que constituyan un abuso de la posición dominante.

Pero además, proponen multas para quienes quiebren el principio de igualdad o que constituyan un trato discriminatorio entre Estaciones de Servicio, sea respecto de las condiciones de compra de combustible o en la fijación de los precios.

Los diputados afirman que “esta situación, que se venía insinuando en los últimos meses, ha eclosionado a partir de la interrupción del aprovisionamiento a una importante red de distribución y comercialización constituida por aquellas estaciones de servicio denominadas blancas dejando prácticamente sin combustibles a numerosas poblaciones del interior del país”.

“La cupificación, el trato desigual, el incremento artificial de precios y la interrupción del servicio de aprovisionamiento, máxime ante situaciones compatibles con el abuso de posición dominante, exigen la intervención inmediata de los poderes públicos”, puntualizaron los parlamentarios pampeanos.

En este contexto solicitaron aplicar la Ley de Abastecimiento. “El carácter estratégico y vital de los combustibles para la satisfacción de necesidades sociales impostergables y las negativas consecuencias que tendría para derechos humanos fundamentales y el desarrollo productivo del país, la persistencia en una situación gravísima de escasez, refrendan la necesidad de impulsar este mecanismo autorizado por el ordenamiento jurídico argentino”, concluyeron los impulsores de la iniciativa.