El oficialismo presentó un Proyecto de Ley para regular la propiedad de las estaciones de servicio

Una nueva iniciativa destinada a regular el mercado minorista de los combustibles ingresó al Senado de la Nación aunque esta vez a diferencia de las anteriores, es promovida por el oficialista Frente para la Victoria, situación que ofrece una buena perspectiva para al menos, asegurar su debate en el recinto.

Se trata del Expediente S-0218/14 (descargar aquí) y fue presentado por la Senadora NacionalSandra Giménez, aunque en realidad es una reproducción de una iniciativa del legislador con mandato vencido Eduardo Torres, quien lo impulsó en dos oportunidades sin resultados a la vista.

La iniciativa tiene por objeto regular la comercialización minorista de combustibles líquidos, así como la relación entre las empresas productoras de petróleo, refinadoras y comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas y las estaciones de servicio.

Según sostiene Giménez, las estaciones de servicio que no son de propiedad de las petroleras atraviesan una profunda crisis, resultado de la relación desigual con las grandes compañías que participan del mercado de hidrocarburos. Esta situación ha resultado en una concentración de las ventas de combustible, el desabastecimiento de las estaciones “no propias” y la eliminación de una gran cantidad de empleos. “Resulta necesaria la intervención legislativa en defensa de la parte más débil de la relación contractual”, afirmó.

La legisladora por la provincia de Misiones explica que en el mercado argentino las empresas son propietarias de poco más de 10 por ciento de las bocas de expendio. No obstante -por su ubicación y abastecimiento preferencial-, concentran la mitad del total del volumen de combustible comercializado, “reflejando la concentración de la actividad en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que conforman el sector”.

Giménez  destacó que las estaciones de servicio “propias” son responsables de la creación de sólo el 15 por ciento del empleo que genera el sector, con lo cual resulta de suma importancia resguardar a las pequeñas y medianas empresas que participan del mercado. Desde 2004 han cerrado sus puertas miles de estaciones provocando la destrucción de 50.000 puestos de trabajo.

“En este contexto y tomando en consideración la experiencia internacional (Estados Unidos, Brasil, etc), la prohibición de la integración vertical -en un mercado en el cual por su esencia son requeridas fuertes inversiones que definen la existencia de economías de escala que implican un escaso número de participantes de gran tamaño e importancia económica-, tiende a mejorar las condiciones de competencia”, concluyó Giménez.