El nuevo Secretario de Comercio Interior se mostró interesado en la problemática de las Estaciones de Servicio

El nuevo secretario de Comercio fue consultado por este medio sobre la posibilidad de que tenga contemplado en su próxima agenda de trabajo un lugar para recibir a las Cámaras representativas de las Estaciones de servicio.

“Yo me ocupo”, fue la frase que dejó a modo de puerta abierta a un diálogo que hasta el momento ninguno de los anteriores funcionarios del área habían tenido a pesar de los insistentes reclamos de los dirigentes expendedores.

Vale destacar que Pollera, mientras se desempeñó en funciones anteriores tanto en el municipio de Florencio Varela como en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Daniel Scioli, fue siempre muy receptivo a las consultas de este medio respecto de los combustibles y del sector expendedor.

Como economista demostró un conocimiento del tema energético e hidrocarburífero, además de ser fiel defensor del cuidado de los precios al consumidor en los surtidores, como lo expresaba en su columna de opinión al decir que cada aumento de precios significaba menos litros de carga.

De la misma manera, el entonces docente de la Universidad de La Plata se manifestaba también en contra de los intentos de los jefes comunales bonaerenses por instaurar la controvertida “tasa vial”.

En esos años, cuando cumplía funciones de Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, había destacado que “el único margen de rentabilidad que hoy tienen las estaciones pasa por el volumen de ventas, ya que el componente impositivo es muy grande y la libertad para imponer precios al surtidor por parte de los dueños de los establecimientos es muy limitada”.

Por ello, el economista consideraba que cargar un nuevo impuesto sobre las bocas de expendio, significaba un golpe a la productividad de empresas familiares que brindan trabajo genuino como lo es el sector de venta de naftas, valorando la necesidad de avanzar en un convenio de los municipios con ARBA para poder centralizar el cobro de Ingresos Brutos y Tasa de Seguridad e Higiene, con el fin de impedir la modificación de alícuotas de manera unilateral en cada intendencia.