El nuevo proyecto de reforma laboral impulsa un giro en la gestión del personal de las Estaciones de Servicio

El ingreso del Proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno presentará entre hoy y mañana antes de enviarlo al Congreso (ver al pie de la nota),  busca actualizar un sistema que arrastra décadas de rigidez normativa, crecientes niveles de litigiosidad e incertidumbre permanente para empleadores y trabajadores. Las modificaciones abarcan desde la regularización del empleo no registrado hasta la redefinición de las cargas sociales, pasando por cambios en el régimen de licencias, el diseño de un fondo de despido alternativo y una reestructuración profunda de la negociación colectiva. Aunque se trata de una reforma transversal, su impacto es especialmente significativo para las Estaciones de Servicio, un sector con fuerte peso PyME, presencia operativa continua y altos costos laborales relativos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un régimen extraordinario de regularización que habilita a los empleadores a registrar personal con condonación de sanciones y multas acumuladas. El objetivo es combatir un problema estructural —la informalidad y la subregistración— a través de incentivos y no únicamente mediante castigos. Para las Estaciones de Servicio, una actividad que por sus características tiende a la formalización pero que de todos modos acumula contingencias administrativas tras inspecciones o divergencias salariales, este mecanismo podría reducir pasivos laborales y prevenir litigios futuros. En la misma línea, el proyecto modifica el sistema de multas por trabajo no registrado, dejando atrás automatismos considerados excesivos y estableciendo parámetros más razonables y previsibles.

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Aunque el proyecto aún no fue presentado públicamente, varios de los puntos que circularon coinciden con reclamos históricos de los empresarios, que ven en estos posibles cambios una oportunidad concreta para modernizar la organización del trabajo y hacer más eficiente la operación diaria.

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La iniciativa también avanza sobre un conjunto de definiciones salariales relevantes, entre ellas el Sueldo Anual Complementario. El proyecto ratifica el carácter remunerativo del aguinaldo pero establece precisiones que ordenan su cálculo en situaciones donde la remuneración incluye componentes variables. En las Estaciones de Servicio son frecuentes los adicionales nocturnos, las tareas en días feriados, los recargos por turno y distintos premios vinculados a asistencia u operaciones específicas. La inclusión clara de todos estos conceptos dentro de la “mayor remuneración mensual del semestre” reduce la probabilidad de controversias y homogeneiza la liquidación. La experiencia del sector demuestra que, ante dudas de interpretación, los reclamos suelen derivar en litigios, por lo que la claridad normativa puede ofrecer una mejora significativa.

Otro aspecto que recibe tratamiento explícito es el régimen de propinas. El proyecto define que las propinas no son remunerativas y no generan obligaciones contributivas ni efectos indemnizatorios. Esto delimita responsabilidades, evita que se traslade al empleador la administración de un ingreso que depende exclusivamente del cliente y reduce riesgos de reclamos que en otros sectores comerciales han crecido en los últimos años.

El capítulo dedicado a las vacaciones mantiene la estructura de días según antigüedad, pero moderniza la gestión administrativa. Se habilita la comunicación electrónica de las fechas de descanso y se permite un esquema más flexible para el fraccionamiento cuando exista acuerdo entre empleador y trabajador. En un rubro que opera las 24 horas y requiere cubrir turnos nocturnos, fines de semana y feriados, esta mayor facilidad para coordinar vacaciones puede mejorar la organización interna y disminuir tensiones en temporadas de alta demanda.

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En el sector su impacto concreto sería acotado, aunque el nuevo marco podría abrir mejores condiciones para las empresas que necesiten contratar personal con mayor flexibilidad y menos incertidumbre legal.

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El proyecto también dedica un apartado relevante al régimen de aportes patronales. Allí se propone una simplificación y reducción gradual de cargas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. El 70 por ciento del parque de Estaciones de Servicio se encuentra precisamente dentro de esta categoría, por lo que la medida podría tener un efecto directo en la reducción del costo laboral, históricamente señalado como uno de los principales factores de presión sobre la rentabilidad del sector. La unificación de alícuotas, la ampliación de la deducción mínima y la eliminación de regímenes complejos conforman un esquema más previsible y menos oneroso.

Uno de los pasajes más transformadores del proyecto es la eliminación de la ultraactividad en los términos actuales. Hoy, los convenios colectivos continúan aplicándose incluso después de vencidos, lo que en la práctica convierte su vigencia en indefinida. La reforma propone clausurar esa continuidad automática y exige que, una vez finalizado el convenio, las partes negocien de manera efectiva nuevas condiciones. Para las Estaciones de Servicio, cuyos convenios colectivos incluyen definiciones específicas sobre categorías, turnos rotativos, adicionales remunerativos y modalidades de descanso, el cambio podría acelerar la actualización de contenidos y evitar la permanencia de cláusulas desfasadas en relación con las nuevas realidades operativas. Al mismo tiempo, obliga a las empresas a prepararse para ciclos de negociación más frecuentes y dinámicos.

La reforma también ordena de manera explícita la prelación normativa. Esta jerarquía, que había sido objeto de interpretaciones contradictorias, busca evitar superposiciones y conflictos de aplicación. En un sector donde conviven tareas de playa, atención comercial, mantenimiento, servicios gastronómicos y actividades tercerizadas, contar con una pirámide normativa nítida ayuda a prevenir litigios y preserva la coherencia de las relaciones laborales.

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El secretario general adjunto del SOESGyPE cuestionó la falta de precisiones del Gobierno y rechazó de plano el proyecto difundido por los medios, al que calificó como “regresivo” y “nocivo para los trabajadores”.

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El capítulo más innovador del proyecto es, sin duda, la creación de un Fondo de Cese Laboral optativo, que funciona como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones por despido. En este modelo, el empleador aporta mensualmente un porcentaje del salario a una cuenta individual del trabajador, administrada por entidades autorizadas. Cuando la relación laboral se extingue, el monto acumulado se entrega de inmediato al trabajador sin necesidad de cálculos indemnizatorios complejos ni litigios posteriores. Este mecanismo convierte un costo incierto —y muchas veces desbordado por conflictos judiciales— en un gasto previsible y mensualizado. Para actividades con fuerte exposición a la rotación de personal, demandas por diferencias salariales o reclamos por categorías, el fondo puede representar una herramienta de estabilidad financiera.

En el texto aparece un punto que podría tener un fuerte impacto operativo en actividades de funcionamiento continuo, como las Estaciones de Servicio: la posibilidad de que empleador y trabajador pacten por escrito un régimen voluntario de compensación de horas extraordinarias. El sistema habilita a acordar bancos de horas, esquemas de compensación, francos diferidos u otros mecanismos equivalentes, siempre dentro de los límites legales y con un método fehaciente de control de las horas trabajadas.