El nuevo período de sesiones del Congreso tampoco trataría de Ley de Combustibles

Este viernes, 1º de marzo, la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner dejará inaugurado el 131 período de sesiones legislativas en el que hará un balance de su gestión y realizará una fuerte defensa del modelo económico que instrumenta desde hace diez años el gobierno nacional.

El Congreso a lo largo de 2012, registró uno de los períodos más productivos de los últimos años, en el que se aprobaron leyes fundamentales como la Ley de expropiación de YPF, quizás una de las más emblemáticas desde que se instauró la democracia.

Sin embargo y al igual que en etapas anteriores, una iniciativa muy esperada por el sector expendedor tampoco gozaría esta vez de de estado parlamentario. Se trata del Proyecto de Ley que regula la Comercialización de Combustibles Líquidos y Gaseosos, de autoría del diputado por el Partido Popular Neuquino José Brillo, que entre sus puntos principales prohíbe a las empresas petroleras operar estaciones de servicio al público.

Consultado por este medio, desde el entorno de su impulsor asumieron que no hay interés del oficialismo por su debate, más aun desde que YPF pasó a la órbita estatal. Señalaron que mantuvieron reuniones con funcionarios del oficialismo para promover su discusión en el recinto con poca suerte. “Estamos solos en esto”, lamentaron.

No obstante la propuesta se mantendrá en espera durante este ciclo ya que debe permanecer al menos por dos espacios legislativos. “No habrá cambios, sostendremos el mismo Proyecto”, aseguran los allegados a Brillo, aunque con pocas expectativas de lograr su objetivo. Uno de los costados más débiles es la mayoría parlamentaria oficialista en ambas cámaras, “que impide su tratamiento”, admiten.

Es que uno de sus artículos, más precisamente el tercero, establece que las estaciones de servicio que sean propiedad o estén explotadas por las compañías petroleras o por empresas por ellas controladas que superen el límite establecido del 15 por ciento, deberán ser enajenadas o transferida su explotación totalmente a favor de sociedades habilitadas para tal fin en un plazo de cinco años, medida que incluiría también a las bocas de la petrolera nacional.