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Miércoles, 17 de diciembre 2025
Resolución General 5801/2025
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La flexibilización del régimen informativo fue presentada por el Gobierno como un avance en la simplificación administrativa, pero desde el sector advierten que la medida traslada responsabilidades y nuevos gastos sin resolver a los problemas estructurales del sistema tributario.
La anunciada desregulación del régimen informativo de los controladores fiscales volvió a encender luces de alerta entre los operadores de Estaciones de Servicio, especialmente en el interior del país. Aunque el Gobierno celebró la Resolución General 5801/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como un paso hacia la reducción de trámites y cargas administrativas, referentes del sector sostienen que la medida, lejos de aliviar, profundiza una lógica que traslada costos y responsabilidades al contribuyente.
La norma, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, introduce cambios en los plazos de envío de información para quienes operan con controladores fiscales de nueva tecnología. En concreto, el reporte de operaciones podrá presentarse de manera mensual -hasta el día 5 del mes siguiente- en reemplazo del esquema semanal vigente hasta ahora. Incluso se estableció una excepción para diciembre, cuyos archivos podrán enviarse hasta el 5 de enero de 2026.
Desde el punto de vista oficial, la resolución apunta a simplificar procesos, reducir la carga administrativa y dar mayor flexibilidad a los contribuyentes. Sin embargo, para los estacioneros el impacto real dista de ese diagnóstico. Así lo expresó Ángel Luis Bigatti, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Formosa, quien cuestionó con dureza el alcance de la medida.
En declaraciones a surtidores.com.ar, Bigatti afirmó que la resolución “impone nuevas obligaciones para los estacioneros, que deben asumir responsabilidades y mayores costos por una tarea que le corresponde al Estado nacional”. El dirigente explicó que, si bien se reducen las frecuencias de envío, se mantiene intacta la exigencia de sistemas informáticos complejos, actualizaciones tecnológicas y servicios profesionales que incrementan los gastos operativos de las PyMEs del sector.
Bigatti, que además de empresario es contador, sostuvo que el debate no pasa por la cantidad de veces que se envía la información, sino por el enfoque general del control fiscal. “La simplificación administrativa no resuelve la falta de confianza del contribuyente ni salda el debate pendiente sobre la verdadera capacidad contributiva del empresario PyME”, señaló, y cuestionó que el Estado continúe delegando en el sector privado funciones de fiscalización que deberían ser propias de la administración tributaria.
En ese contexto, el titular de la cámara formoseña reveló que, días antes de la publicación de la resolución, envió una carta al presidente Javier Milei en la que planteó una visión más amplia sobre la política económica y fiscal. En la misiva, Bigatti remarcó que la recuperación de la confianza debe ser el eje central de cualquier estrategia de desarrollo económico y social.
Allí también analizó los mecanismos de creación de dinero, tanto la emisión directa del Banco Central como la expansión secundaria a través del sistema financiero, y reclamó que esos recursos se orienten de manera prioritaria al crédito productivo con garantía real. Según su visión, el financiamiento debería estar dirigido a inversiones que permitan mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la oferta de bienes y servicios.
El dirigente advirtió que las altas tasas de interés utilizadas como ancla para frenar la dolarización terminan teniendo un efecto contrario al buscado. “Encarecen el crédito, desalientan la inversión productiva y fomentan la compra de divisas, lo que finalmente impacta sobre la inflación”, sostuvo. Para Bigatti, el crecimiento sostenible no se logra con controles informativos más sofisticados, sino con reglas claras y acceso al financiamiento.
“El aumento de la oferta de bienes y servicios es lo que genera progreso, empleo genuino y mayor recaudación”, planteó, al tiempo que propuso avanzar en un esquema de crédito fiscal de IVA por los salarios y cargas sociales. Según explicó, una herramienta de ese tipo permitiría incentivar el empleo registrado y aliviar la presión fiscal sobre los productores, en lugar de seguir sumando obligaciones formales.
Mientras el Gobierno profundiza su agenda de desregulación, en las Estaciones de Servicio crece la sensación de que muchas de las medidas presentadas como alivios administrativos no atacan los desequilibrios estructurales que afectan a las PyMEs. “Se habla de nuevos sistemas informativos. O sea, otro nuevo gasto y sin garantías de que ese dinero nos sea acreditado, lo que termina siendo un costo adicional permanente”, advirtió Bigatti.
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