El kirchnerismo propone bajar un impuesto a los combustibles y apunta al precio en los surtidores

El bloque Alianza Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto que propone suspender transitoriamente una parte de los impuestos que se cobran sobre las naftas y el gasoil. La idea es dejar de percibir el componente destinado al sistema vial mientras el Estado tenga fondos acumulados que todavía no fueron utilizados para las obras previstas.

En concreto, la iniciativa plantea una reducción del 14,08 por ciento sobre los montos de los impuestos correspondientes a esa porción. No propone eliminar el impuesto a los combustibles ni cambiar de manera permanente su estructura. La suspensión alcanzaría únicamente al componente vinculado al Sistema Vial Integrado y se mantendría mientras existan recursos ya recaudados que no hayan sido efectivamente aplicados.

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Para las Estaciones de Servicio, el planteo tiene un punto de interés muy concreto: qué pasa con el precio que paga el cliente cuando llega al surtidor. El proyecto no establece que la reducción tenga que trasladarse automáticamente al consumidor, pero una menor carga tributaria podría abrir la puerta a una baja en el precio final de las naftas y el gasoil.

El argumento del kirchnerismo apunta al dinero que ya fue recaudado. Según los fundamentos, entre comienzos de 2024 y mayo de 2026 habrían ingresado al Sistema Vial Integrado más de un billón y medio de pesos, pero sólo alrededor de una cuarta parte habría sido efectivamente ejecutada. A mayo de este año, más de un billón de pesos permanecería colocado en títulos públicos, depósitos a plazo fijo y disponibilidades bancarias.

“Si ya se cobró dinero para las rutas y todavía queda una suma importante sin utilizar, primero habría que gastar esos recursos antes de seguir cobrando nuevos fondos con el mismo destino”, sostienen los legisladores. Por eso, la suspensión del componente vial funcionaría como una medida temporal, hasta que el dinero acumulado se transforme efectivamente en obras.

La discusión, además, tiene un antecedente dentro del propio kirchnerismo. Durante sus gobiernos, el impuesto a los combustibles estuvo vigente y tuvo distintas modificaciones. En 2014, por ejemplo, la Ley 26.942 estableció nuevas alícuotas para las naftas y mantuvo un impuesto sobre el gasoil con destinos específicos vinculados con infraestructura vial, transporte y el sistema ferroviario.

También hubo cambios en las alícuotas. En ese período se dispusieron reducciones transitorias para determinados combustibles, aunque la recaudación del impuesto continuó siendo una fuente importante de recursos. El antecedente muestra que la discusión sobre cuánto pesa el componente tributario en cada litro tampoco es nueva y que el esquema fue modificado en distintas oportunidades.

Ahora, el foco está puesto en otra cuestión: qué hacer con los fondos que ya fueron cobrados. El proyecto sostiene que los combustibles tienen un impacto que va mucho más allá del conductor que carga el tanque. El costo de la nafta y el gasoil atraviesa al transporte, la producción, el comercio y los servicios, por lo que cualquier movimiento en la carga impositiva puede terminar repercutiendo sobre buena parte de la economía.

Claro que entre una reducción tributaria y el precio que finalmente ve el cliente hay varios actores. El proyecto no fija un mecanismo para determinar cómo debería trasladarse esa baja a lo largo de la cadena, por lo que el efecto concreto sobre las Estaciones de Servicio dependerá de la forma en que petroleras y operadores absorban o trasladen el cambio.

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La iniciativa también pone condiciones para volver a cobrar el componente completo. Los fondos acumulados deberían utilizarse efectivamente en conservación, mantenimiento, reparación, rehabilitación y seguridad de la Red Vial Nacional. No alcanzaría con mantenerlos depositados, invertirlos financieramente o comprometer partidas: deberían convertirse en obras y servicios concretos.

Además, la Auditoría General de la Nación tendría que certificar que los recursos fueron efectivamente aplicados antes de que se restablezca la percepción íntegra del tributo. El proyecto también obliga a informar mensualmente cuánto dinero queda disponible, qué obras se financiaron, en qué rutas y provincias y cuál es el avance de cada intervención.

El beneficio, en caso de aprobarse, sería transitorio. Una vez utilizados los recursos acumulados y certificada su aplicación, el proyecto prevé que vuelva a cobrarse íntegramente el componente vial.