Advierten con tomar estaciones que no apliquen el convenio homologado

Para Carlos Acuña, el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) las conversaciones por la paritaria casi están terminadas. “Todavía estamos discutiendo pero ya tenemos un convenio homologado, que es para todo el país”, explicó.

Hace referencia al 488, firmado con la Federación de Expendedores de Combustibles (FEC). Sostiene que “desde octubre del año pasado, cuando fue publicado en el boletín oficial, pasó a tener alcance nacional”.

En tanto, el dirigente exige que se respete en todas las provincias que tiene jurisdicción. “Si no están de acuerdo las cámaras empresarias que vayan a presentar las quejas a la justicia laboral”, disparó. Y agregó: “Si no actualizan los convenios se van a empezar a caer; los irresponsables son ellos”.

En este contexto, Acuña empieza a entrever un plan de lucha: “Los pasos a seguir no sabemos todavía cuáles son, pero la estación que no paga como corresponde, como dice el ministerio, se tendrá que atener a las consecuencias; seguramente vamos a tener medidas de fuerza en el establecimiento y haremos la denuncia en el ministerio de trabajo”.

“Si no les alcanza para pagar salarios porque dicen que tienen problemas de rentabilidad, que es mentira, que pidan a las petroleras y firmen un solo convenio. La división de los expendedores no es culpa nuestra”, cuestionó Acuña ante la consulta de surtidores.com.ar.

Siguiendo el hilo conductor de su discurso, Acuña se animó incluso a afilar más el cuchillo y planteó que “se cerraron 3.000 estaciones pero las cámaras nunca hicieron nada para detener ese proceso, porque las que quedaron venden el doble que antes y ganan más plata”.

En definitiva, concluye que “hay una escala salarial y hay que cumplirla”. Entiende que va más allá de las intenciones: “es su obligación legal”, por respetar el acuerdo aprobado por la cartera laboral.

Condiciones laborales

Además de no aceptar la propuesta de los empresarios de mejorar los sueldos un 24 por ciento, Acuña reclama “incluir el concepto de salubridad”, un beneficio adicional que contemplaría el daño a la salud por despachar naftas y gasoil.