Opinión: “El Gobierno debe ajustarse a la ley y proteger al sector expendedor”

Durante una entrevista con surtidores.com.ar, la Diputada del FPV-PJ, Silvana Frana, se refirió a la crítica situación que provocó tanto en el sector de combustibles, como en otras áreas de la economía, los aumentos de los servicios públicos y consideró que “en diputados también volverá el debate porque se presentaron muchas iniciativas en relación a esta problemática, entre ellos uno de mi autoría, viendo la necesidad de atender la situación de las pequeñas y medianas empresas del país entre las que se encuentran comprendidas muchas pequeñas estaciones de servicio que están afrontando altísimos costos”.

Agregó que le parece importante que avance en el parlamento, el Proyecto de Ley de Comercialización de Combustibles Líquidos para evitar que sigan cerrando los establecimientos en defensa de los puestos de trabajo.

Con respecto al fallo de la Corte, la diputada aclaró que sólo abarca a los usuarios residenciales y deja afuera a las pymes, “situación que reabrirá el debate porque desde distintas cámaras empresarias ya están preparando amparos para hacer extensiva la suspensión de los tarifazos a los comerciantes e industriales”, anticipó.

La legisladora justicialista indicó que el fallo de la Corte es un llamado al sentido común, porque le pide al Gobierno nacional que se ajuste a la ley y convoque a audiencias públicas antes de realizar cualquier aumento significativo de tarifas que afecte sustancialmente a residentes y sectores productivos.

En este sentido, la diputada señaló que el Ejecutivo deberá revisar lo sucedido no sólo con el gas, que afectó seriamente a las Estaciones de GNC, sino también con la energía y el agua, cuyos costos encarecieron el mantenimiento de las estaciones de servicio.

“En Santa Fe tenemos la energía más cara del país como consecuencia no sólo del tarifazo, sino también como producto del incremento que introdujera el gobierno provincial tras el aumento nacional”, explicó Silvina Frana.

Y continuó: “Fue una decisión que se tomó por fuera de la ley porque no se convocó a audiencias públicas, y con una mirada empresarial de la realidad, porque con este tarifazo la inequidad que existía entre C.A.B.A. y A.M.B.A. (Capital Federal) y el resto de las provincias, no se solucionó ni se piensa reparar. Entonces vemos que se toman las decisiones con espíritu empresario y no desde una concepción de un Estado solidario”.

Finalmente apeló a la sensibilidad social del Gobierno y opinó: “Estamos atravesando un momento social crítico con muchos argentinos que se están quedando sin trabajo, y en este contexto, entiendo que el gobierno debería revisar sus políticas de redistribución del ingreso mirando especialmente a los sectores más perjudicados en este nuevo contexto, de acuerdo a los informes realizados por distintas instituciones y entidades como CAME o la UCA, o consultoras de prestigio nacional”.