El Gobierno aplicó una actualización parcial del Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono

Mediante el Decreto 1059/24, el Gobierno nacional ha dispuesto una nueva actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, medida que afectará a la nafta y al gasoil a partir del 1° de diciembre. Esta decisión surge luego de una serie de postergaciones previas, y ajusta los montos fijos establecidos en la Ley N° 23.966, sancionada en 1998, que regula los gravámenes sobre estos productos.

El artículo 4° del Capítulo I y el artículo 11 del Capítulo II de dicha ley establecen los montos de los impuestos que deberán aplicarse a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Estos valores se actualizan trimestralmente de acuerdo a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el Decreto 1059/24, los montos actualizados serán los siguientes: la nafta sin plomo y la nafta virgen tendrán un aumento de $12,551 por cada litro gravado en concepto de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y un incremento de $0,769 por el Impuesto al Dióxido de Carbono. Por su parte, el gasoil experimentará un ajuste de $9,803 en el primer impuesto y de $5,308 en el segundo, además de un adicional de $1,117 por el tratamiento diferencial de este combustible en la zona sur del país.

Estas modificaciones se enmarcan en un esquema más amplio de reajustes fiscales que han sido implementados por el Gobierno a lo largo del año 2024, con una serie de prórrogas sucesivas que dilataron la entrada en vigencia de los incrementos previstos inicialmente. La última de estas prórrogas había sido fijada hasta el 31 de octubre de 2024, extendiendo los efectos de los ajustes hasta el 1° de diciembre. Ahora, la nueva disposición establece que los incrementos restantes, que aún no habían sido aplicados, entrarán en vigor en enero de 2025.

El objetivo de esta medida es ajustar los impuestos de acuerdo con la inflación y los cambios en los precios internacionales de los combustibles, buscando que la recaudación fiscal se mantenga en línea con los costos actuales.

Además, el decreto contempla un tratamiento diferencial para el gasoil utilizado en algunas provincias del sur del país. Este tipo de medidas buscan mitigar el impacto en las zonas donde los costos de transporte son más altos debido a la lejanía de los centros de producción.