*Por Francisco Berdaguer

Quienes estamos involucrados de una u otra forma en la actividad del expendio de combustibles sabemos del reclamo permanente que existe en el sector para tener una Ley de Comercialización que garantice reglas claras y proteja a la parte más débil de la cadena, pero no por ello menos importante, como son las Estaciones de Servicio.

Sin perjuicio de ello, la coyuntura impuso la necesidad urgente de atender la grave situación que atraviesan las Estaciones de Servicio. Ya no se trata de optimizar su rentabilidad sino de cómo harán para subsistir en este escenario caótico en la que se encuentran. A título enunciativo, cabe señalar:

• Congelamiento de precio de venta en surtidor dispuesta por el Gobierno Nacional (situación que viene de arrastre desde fines del año pasado).
• Caída significativa en los volúmenes de venta en las Estaciones de Servicio; generada inicialmente por la fuerte retracción económica, lo que se agravó desde hace 2 meses por las medidas de aislamiento obligatorio derivadas de la pandemia COVID 19.
• La imposibilidad material del estacionero de manejar sus costos o ingresos. Téngase en cuenta que los estacioneros no “son formadores de precio”, y que no ha podido bajar los costos operativos de su negocio.
• Ayuda financiera del Estado (DNU 332 y 376) que hasta ahora ha resultado insuficiente, y que en muchos casos no se ha podido implementar en ciertos segmentos.

En este escenario, llama poderosamente la atención que las petroleras todavía no hayan salido al cruce para paliar esta situación. No se piden gestos de altruismo o generosidad; sino de cumplir con el deber que le impone la ley en casos donde ha sobrevenido una alteración económica extraordinaria que afecta claramente al sector más débil (los estacioneros) y que sin duda ha excedido significativamente el riesgo asumido al momento de contratar.

Se les pide a las petroleras el deber de reajustar los contratos para que el negocio vuelva a ser viable para ambas partes. Porque hay que decirlo: el estacionero tiene un remedio jurídico disponible para exigir la recomposición y/o el reajuste equitativo del contrato, de forma tal que la petrolera compense o recomponga su alteración (artículo 1091 del Código Civil y Comercial), siendo aplicable también el principio del “esfuerzo compartido”, por cierto muy desarrollado en la época del “corralito”.

Ojalá no se llegue a esta situación extrema y las petroleras prioricen este tema en su agenda de trabajo. Confió que será así porque más allá del deber de buena fe y colaboración inherentes a este tipo de contratos, las petroleras necesitan que las Estaciones de Servicio (“socias estratégicas”) continúen operando en condiciones óptimas toda vez que la red comercial constituye un activo estratégico y fundamental.

* Francisco Berdaguer

• Abogado (Universidad Católica de Córdoba, 1995). Escribano (Universidad Católica de Córdoba, 1996). Magister en Derecho Empresario (Universidad Austral, 1998).
• Experto en contrataciones comerciales, con gran experiencia en el asesoramiento y estructuración de operaciones vinculadas a la compra de derechos, negociación de señales audiovisuales y soporte web.
• Asesora y litiga en causas vinculadas a las contrataciones comerciales masivas (agencias, concesión y distribución) y participa en la estructuración jurídica de start-up de nuevas empresas vinculadas con los negocios web.
• Es asesor legal de Estaciones de Servicio de todo país.
• Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.