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Especialistas advierten que la presión fiscal compromete la previsibilidad del sector y su rol en la cadena energética.
El debate sobre la aplicación de los impuestos a los combustibles se reaviva cada vez que el Gobierno define si aplica total o parcialmente el componente impositivo sobre las naftas y el gasoil. Sin embargo, más allá de la inmediatez de las resoluciones oficiales, para los analistas, lo que está en juego es mucho más profundo: la sostenibilidad del sistema tributario, la previsibilidad de los precios y el futuro mismo de las Estaciones de Servicio como actores claves de la cadena de valor de la logística y abastecimiento energético.
Los analistas de mercado, continúan advirtiendo que la carga impositiva sobre los combustibles viene rezagada en los últimos años, pero la polémica sobre las consecuencias finales en el precio final, se mantiene vigente. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el valor real del tributo nacional aplicado a naftas y gasoil se redujo hasta un 88 por ciento entre 2018 y 2024, producto de la falta de actualizaciones en un contexto inflacionario. Aunque desde el año pasado comenzaron ajustes parciales que recuperaron parte del terreno perdido, el impuesto sigue hoy un 46 por ciento por debajo del nivel de 2018. Esa dinámica no solo afecta la recaudación coparticipable para las provincias, sino también la formación de precios en surtidor.

El mismo informe revela que, mientras en agosto de 2025 el litro de nafta súper en CABA se ubicaba en $1.244 a valores constantes, el componente impositivo representaba $262. Si el impuesto hubiera mantenido su valor real de 2018, el litro costaría alrededor de $1.466, es decir un 18 por ciento más. En paralelo, la recaudación real del tributo en los primeros siete meses de este año creció un 70 por ciento respecto de 2024, lo que refleja la importancia fiscal del gravamen, aun con valores depreciados por la inflación.
En diálogo con surtidores.com.ar, el economista Cristian Bergman analizó el impacto de este esquema desde la óptica de las Estaciones de Servicio. “No se limita al plano fiscal, sino que además compromete la construcción de políticas de Estado sostenibles en el tiempo. Un país que aspira a desarrollarse no puede depender de decisiones coyunturales que privilegian el beneficio político inmediato”, sostuvo.
Bergman destacó que la falta de una política tributaria coherente y previsible erosiona la confianza tanto de los actores económicos como de las provincias que dependen de los recursos coparticipables. En esa línea, subrayó que el estacionero “es un convidado de piedra en esta discusión, ya que el sujeto pasivo del impuesto son las empresas petroleras, quienes recaudan e ingresan los tributos al ente recaudador”.
El economista puntualizó que las reducciones en la presión impositiva de los últimos años han beneficiado al consumidor, que pasó de soportar una carga cercana al 50 por ciento del precio final en 2018 a un 33 por ciento en la actualidad. Sin embargo, aseveró que este alivio es transitorio: “No caben dudas de que estas medidas benefician al consumidor, pero tarde o temprano los desequilibrios generados deberán corregirse, con el consecuente impacto sobre los precios y la economía en su conjunto”.
Para el experto, lo que está en discusión no es solo la evolución del litro de nafta o gasoil, sino la necesidad de un marco tributario estable que permita a las estaciones proyectar inversiones, sostener el empleo y prepararse para una transición energética que ya comienza a demandar infraestructura de GNC, biocombustibles y electromovilidad.
“La volatilidad impositiva compromete la confianza de toda la cadena de valor. Sin reglas claras, la Estación de Servicio se limita a ser un eslabón que padece decisiones que no controla”, concluyó.
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