Los diputados y diputadas que se mostraron comprometidos con los reclamos de los expendedores respecto de las dificultades que les generan el despacho de combustibles con tarjetas de crédito, coincidieron en que los tiempos legislativos son muy lentos respecto de la vorágine inflacionaria de la economía actual.

Por ello, mientras impulsan que la iniciativa de la diputada Victoria Tejeda recorra las Comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor para lograr dictamen y ser tratado en el recinto, deslizaron que buscarán que el Banco Central de la República Argentina defina reglamentaciones de emergencia hasta que se pueda aprobar la nueva ley.

Vale destacar que los expendedores proponen que los nuevos límites para las comisiones y plazos de acreditación del importe de las ventas sean para tarjetas de crédito un máximo de arancel de 0,5 por ciento y un límite de 3 días hábiles para la acreditación, mientras que para las tarjetas de débito deberá ser de 0,2 puntos porcentuales, en un plazo de hasta dos días hábiles.

En ese caso, el diputado de Mendoza y vicepresidente de la Comisión de Finanzas Lisandro Nieri, expresó a surtidores.com.ar que está interesado en adentrarse más profundamente en la crisis planteada por la dirigencia estacionera. “Los días entre la operación comercial y la acreditación de esos valores a la Estación de Servicio no solamente son perjudiciales por la cantidad de tiempo, sino que esto se agrava hoy en día por las altas tasas de interés en un marco inflacionario en permanente alza”, dijo.

El parlamentario reconoció que es difícil legislar en este contexto económico, porque de esa manera con el proyecto de tarjetas de crédito puede ocurrir algo similar a lo que pasó con la ley de alquileres que se sancionó con una inflación del 30 por ciento, pero actualmente ese porcentaje subió a más del 100 por ciento.

“Dada la urgencia de los establecimientos que no pueden sostener sus negocios, es necesaria una solución en el más corto plazo posible”, aseveró Nieri y por ello justificó la intención de trabajar en paralelo no solamente la modificación de la ley en el Congreso, sino presionar para que el BCRA emita resoluciones provisorias para aminorar la cantidad de días de espera.