El cierre de Vialidad Nacional no alterará las habilitaciones de Estaciones de Servicio en rutas

El decreto promulgado el 8 de julio por el presidente Javier Milei, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, generó preocupación en distintos sectores. Sin embargo, expertos en derecho de los hidrocarburos y referentes gremiales aclararon que no habrá cambios en los procedimientos de habilitación y fiscalización de las Estaciones de Servicio ubicadas en rutas nacionales.

Ya en 2023, el abogado Juan B. Lafitte, había presentado en la Universidad Austral su trabajo “Régimen Legal de las Estaciones de Servicio”, en el cual había dejado en claro que  la instalación y habilitación de bocas de expendio sigue regulada por normas técnicas nacionales, pero que la responsabilidad directa recae en los Gobiernos locales. “Las provincias y municipalidades ejercerán la policía sobre las bocas de expendio y otorgarán los derechos de habilitación cuando corresponda”, cita el documento, en base al artículo 16 del Decreto 1212/89.

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En el contexto actual de las concesiones viales y la construcción de nuevas expendedoras  ruteras, el sector PyME de venta de combustibles enfrenta grandes desafíos debido a la complejidad y el costo elevado de los trámites necesarios para participar en licitaciones.

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En ese sentido, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de Vialidad Nacional, Graciela Aleñá, ratificó esta postura. En diálogo con surtidores.com.ar, afirmó: “las Estaciones de Servicio en rutas nacionales están bajo control de las jurisdicciones locales. Las habilitaciones, las inspecciones y los permisos son responsabilidad exclusiva de las provincias y los municipios, no de Vialidad Nacional ni de organismos centrales”.

No obstante, la referente de los trabajadores de la disuelta entidad estatal, advirtió que el esta decisión podría tener consecuencias indirectas que afecten al sector estacionero, sobre todo en rutas de bajo tránsito o zonas críticas. “Hay 118 rutas nacionales a la deriva y más de 32 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura. Como tampoco quién va a atender la red, los pasos fronterizos, los puentes, los cuales sin conservación se vienen abajo. O el operativo nieve, que es fundamental en esta época del año, o cualquier hecho de catástrofe como fueron las inundaciones en Bahía Blanca y Zárate. Ahí estuvo la DNV poniendo todo al servicio de la gente”, afirmó.

Este deterioro progresivo de la infraestructura vial, según explicó Aleñá, podría desalentar la circulación de vehículos y transportes por carreteras clave del país, impactando directamente en el flujo de clientes que abastecen en las Estaciones de Servicio ruteras. “Una red en mal estado, intransitable o peligrosa, ahuyenta el tránsito y perjudica la sostenibilidad comercial de las bocas de expendio”, alertó.

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El polémico “Programa Puntos de Asistencia en Ruta al Autotransporte Registrado (PAR.AR)”, que generaba preocupación en el sector, finalmente no será ejecutado.

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Según datos de la Asociación Argentina de Carreteras, el 52 por ciento de las rutas del país está en estado malo o regular. Se estima que la inversión necesaria para recuperar un solo corredor supera los 100 millones de dólares. La falta de mantenimiento y control estatal alimenta la preocupación sobre el futuro del sistema vial nacional, y con ello, la actividad económica que depende directamente del tránsito sostenido.

“La desaparición de Vialidad Nacional no modifica en absoluto las normas de habilitación ni los controles que deben cumplir las Estaciones de Servicio ubicadas en rutas”, sentenció Aleñá, pero recalcó que si el Estado abandona las rutas, también está condenando a cientos de establecimientos a perder usuarios, rentabilidad y sentido de existencia.