Diputados van por la totalidad de YPF: ahora quieren expropiar el 49% restante

Desde que se promulgó la Ley 26.741, por la cual se procedió a la expropiación del 51 por ciento de las acciones que tenía Repsol S.A. en YPF S.A. se adoptaron medidas relacionadas con la política hidrocarburífera, algunas de ellas de singular importancia como el Decreto 1277/2012, por la cual se reglamentó la ley y se derogaron parcialmente los decretos desregulatorios 1055/89, 1212/89 y 1589/89, contando así con una serie de instrumentos para revertir el saqueo de los hidrocarburos que comenzó implacablemente en el año 1989.

La Ley 26741 se limitó a la expropiación de un porcentaje del capital privado de la empresa, con lo cual la misma quedó integrada en un 49 por ciento por otros accionistas, con el carácter de una sociedad anónima sujeta a la Ley de Sociedades y exceptuada del control público, ya que específicamente quedo así establecido.

Este punto es cuestionado por un grupo de Diputados Nacionales, entre ellos Fabián Rogel y Víctor Hugo Maldonado, quienes a través de un Proyecto de Ley conjunto con la Cámara de Senadores, señalaron que resultó una medida a todas luces insuficiente, ya que continuó con los viejos criterios menemistas de las sociedades anónimas, exceptuadas de control estatal, y no puso el dominio total de los hidrocarburos en manos del Estado, como había sido criterio uniforme de todas las administraciones desde el descubrimiento del petróleo en 1907, hasta las decisiones tomadas a partir de 1989.

Advirtieron que si bien el dictado del Decreto 1277/2012, reglamentado la ley 26.741, ha significado un notorio avance para limitar los efectos de los decretos desregulatorios 1055/89, 1212/89 y 1589/ 89, poniendo en manos del Estado la posibilidad de controlar la actividad hidrocarburífera, “ello no significa entra en un planteo de fondo, para lograr una solución integral de esos recursos”.

“Todo lo que sucedió desde los 90 hasta ahora determinaron, no solo una crisis energética relevante, sino una caída notable de las reservas que teníamos”, aseguran. El balance es negativo y la importación de combustible es cada vez mayor, habiéndose importado el año pasado por valor de 9500 millones de dólares tal como lo expuso la Presidenta de la Nación al hacer el anuncio de la expropiación de las acciones de YPF.

“Fuera de los discursos explicativos de las petroleras privadas, la realidad es que el actual panorama energético se debe a la caída de las inversiones, ya que de los 110 pozos exploratorios perforados por YPF en 1995, se pasó a 5 en el año 2010”, sentenciaron.

A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Ejecutivo, propusieron declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 49 por cientodel patrimonio de YPF SA representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, Banco Itaú, Imbursa, Eton Park Capital, Guardian Trust, Lazard Asset Management, y todos aquellos accionistas particulares que tengan acciones de YPF S.A. con motivo de la adquisición de las mismas en operaciones bursátiles o realizadas en forma directa a la misma empresa.

“Este Proyecto de expropiación forma un conjunto de cómo debe encararse una política de hidrocarburos soberana, que solo tenga en cuenta el interés nacional, y termine con la sujeción a lo que decidan hacer empresas privadas a las que solo les interesa lograr el mayor nivel de extracción, maximizando sus ganancias, sin importarles las consecuencias de esas políticas depredadoras, que se han venido desarrollando y que han determinado el abandono del autoabastecimiento”, puntualizaron los legisladores.