Diputados reclaman que el Estado continúe regulando el valor de los combustibles

Los diputados Adrián Grana y Sandra Mendoza, presentaron un Proyecto de Ley (5719-D-2017) que propone la incorporación al texto del Título I de la Ley 26.741 de un Artículo 3° Bis, con la finalidad de complementar tanto la declaración de interés público como los principios que rigen el objetivo nacional de la Soberanía hidrocarburífera establecido por la misma.

Explican que la citada Ley, sancionada por mayoría el 3 de mayo de 2012, entre otras cuestiones relevantes, posibilitó la recuperación de la estratégica empresa YPF “luego de la dolorosa experiencia privatizadora de la década de los 90”.

“Ha sido sin dudas un hito en la historia de nuestra soberanía nacional en materia energética, que permitió detener la caída la caída en la producción local de petróleo y revertir la tendencia bajista en la producción de gas como camino a recuperar la soberanía en materia energética. De allí la relevancia de que este honorable Congreso vele por el cumplimiento de los propósitos de la Ley vigente y efectúe las propuestas legislativas que considere pertinentes para que los mismos se efectivicen de forma cristalina”, señalan.

La incorporación que proponen tiene por objeto declarar taxativamente irrenunciable la facultad del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de autoridad a cargo de la fijación de las políticas en materia de soberanía hidrocarburífera, de intervenir y/o regular sobre las distintas actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos, incluidos los precios al consumidor tal finalidad soberana.

Argumentan que la Ley 26.741 en su artículo 1° declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.”

“Como puede observarse la normativa vigente en materia hidrocarburífera consagra objetivos muy precisos, en el marco de los cuales se requiere un rol activo por parte del Poder Ejecutivo Nacional del que de ninguna manera puede desentenderse”, puntualizan los diputados.

En ese sentido cuestionaron la orientación de las políticas públicas en materia hidrocarburífera de la actual gestión de Gobierno. “Los anuncios del Ministerio de Energía de una liberalización total del precio en los combustibles se empezaron a evidenciar mediante la caída de la producción de petróleo“, advirtieron

Asimismo alertan que la pérdida de regulación estatal del precio de las naftas y otros derivados podría permitir el abuso de las empresas refinadoras y Estaciones de Servicio dado que no existirían trabas para el establecimiento de los precios. “Esta situación tendría evidentes efectos en la inflación, dado que no sólo impacta en los consumidores finales sino prácticamente en todos los productos de la canasta de consumo, dado que resulta un insumo esencial para la producción de bienes y provisión de servicios”, concluyeron.