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Martes, 07 de julio 2026
Iniciativa parlamentaria
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Un proyecto presentado en la Legislatura de Buenos Aires cuestiona las penalidades aplicadas a bocas de expendio durante las restricciones de suministro. La iniciativa sostiene que los problemas de abastecimiento responden a deficiencias estructurales y no a decisiones de los operadores.
Un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires expresó un fuerte rechazo tanto a las interrupciones del suministro de GNC como a las sanciones económicas impuestas a establecimientos que superaron los cupos asignados en medio de la emergencia.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Carlos Puglelli (ver al pie de la nota), pone el foco en que las consecuencias de la crisis energética terminen recayendo sobre quienes forman parte de la cadena de comercialización y no sobre las causas que originan el problema.
El texto surgió tras las restricciones aplicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde distribuidoras de gas natural limitaron el abastecimiento a usuarios interrumpibles para priorizar la demanda residencial ante el incremento del consumo provocado por las bajas temperaturas.
Según el legislador, la situación volvió a dejar en evidencia las debilidades del sistema energético argentino y la ausencia de políticas de largo plazo capaces de anticipar escenarios de alta demanda.
La declaración señala que la suspensión del servicio a industrias y estaciones de GNC refleja una gestión basada en respuestas de emergencia más que en estrategias preventivas. A criterio de su autor, cada invierno se repite un esquema similar, con medidas coyunturales que buscan resolver urgencias inmediatas pero que no atacan las causas de fondo.
Uno de los aspectos más cuestionados es la aplicación de penalidades económicas a las bocas de carga que habrían excedido los volúmenes autorizados durante el período de restricciones. Desde la óptica de la iniciativa, estas medidas terminan trasladando los costos de la crisis a actores que no tienen capacidad para resolver los déficits de infraestructura existentes.
Para Puglelli, la discusión no debería centrarse exclusivamente en el cumplimiento de cupos, sino en la capacidad del sistema para garantizar el suministro sin afectar actividades productivas esenciales.
El documento advierte que, si bien la normativa vigente establece prioridades para proteger a hogares, hospitales y escuelas durante situaciones críticas, la reiteración de cortes a sectores económicos revela una infraestructura insuficiente para acompañar el crecimiento de la demanda.
En ese sentido, menciona que la fragilidad observada durante los días más fríos expone dificultades para responder a picos de consumo sin recurrir a interrupciones que impactan directamente sobre la producción, el transporte y la prestación de servicios.
El proyecto también hace referencia a la reciente suspensión de iniciativas vinculadas a la incorporación de infraestructura de regasificación, una decisión que, según sus fundamentos, incrementa la incertidumbre sobre la preparación del sistema para enfrentar futuras temporadas invernales.
“Resulta contradictorio proyectar un crecimiento de las exportaciones mientras continúan registrándose dificultades para asegurar la provisión local durante los períodos de mayor consumo”, sostuvo el legislador.
La presentación sostiene además que la problemática excede ampliamente el episodio registrado este año. Por el contrario, la considera una manifestación de una situación recurrente asociada a la falta de inversiones sostenidas, la escasa coordinación entre distintos niveles de gobierno y la dependencia de medidas excepcionales para atravesar momentos críticos.
Por ese motivo, insta a las autoridades nacionales a avanzar con soluciones estructurales que permitan fortalecer la seguridad energética, reducir la vulnerabilidad del sistema y evitar que las restricciones vuelvan a afectar a actividades consideradas estratégicas para la economía.
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