A diferencia de los políticos más radicalizados que exigen la inmediata reprivatización de la compañía petrolera nacional, como el bloque encabezado por Javier Milei, tal cual lo dijera recientemente en este medio, el diputado nacional Facundo Manes, ponderó la participación accionaria estatal en YPF.

Sin llegar a niveles extremos, Manes propuso recientemente que el Poder Ejecutivo Nacional ponga en funcionamiento todos los sostenes de control que posee para regular y encaminar el funcionamiento de la empresa de bandera.

En el texto de la iniciativa con número de ingreso 5820/2022 solicitó que “para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y Repsol GAS S.A. continuarán operando como sociedades anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 y normas concordantes”.

Manes busca que se modifique la ley actual y exige que “mientras el Estado Nacional a través de sus distintos organismos posea la mayoría del capital social y/o derechos políticos de las acciones que superen el 50 por ciento, le serán aplicables las normas de control interno y externo que establece el TÍTULO VI y VII de la Ley 24.156 referidos al control interno y externo del sector público nacional”.

Dentro de los fundamentos del proyecto, aseguró que la actual ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, estableció una serie de principios y objetivos aplicables a todo el sector público nacional, entre los que se encuentra el de disponer un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna.

Manes cuestionó que la ley que modificó el capital accionario de YPF SA en el año 2012, eximió a la empresa de ser sometida a los controles de manera genérica e indiscriminada también la exceptuó de los sistemas de auditoría externa e interno a cargo de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, cuya actividad no puede ser considerada bajo ninguna circunstancia como lesiva o perjudicial para su gestión y competencia en el negocio de los combustibles y la energía.

Para ello, aseguró que quiere modificar las normas para que tanto la AGN como los demás entes reguladores puedan actuar en la fiscalización de las operatorias de la petrolera y de esa manera, entre otras ventajas, poder brindarle a la red de comercialización un panorama claro y cierto que les permita invertir en sus propios establecimientos con estabilidad y confianza.