Diputados exigen que se difunda cual fue la evolución del precio de los combustibles desde el 9 de abril

La legisladora nacional por San Luis, María Ivana Bianchi, (Compromiso Federal) reclamó mediante un Proyecto de Resolución (6993-D-2013) conocer la situación del mercado de los combustibles a partir del dictado de la Resolución 35/2013, que prohibió a las estaciones de servicio perforar por el término de seis meses los precios tope de las naftas y el gasoil vigentes al 9 de abril.

Bianchi exigió saber si se han realizado reuniones con las empresas del sector hidrocarburífero para analizar el alcance de la normativa, y el resultado de las mismas y la evolución del precio de expendio desde su sanción. Asimismo saber si existieron empresas que incumplieran los topes  y en caso afirmativo, provea una lista de las mismas y si se tomaron medidas punitivas. “En caso afirmativo, detalle cuales, en caso negativo, explique las razones”, precisó.

La diputada asegura que la petrolera YPF ha registrado los mayores aumentos. En ese sentido apuntó que la resolución fue “un traje hecho a su medida” para que pueda incrementar sus valores sin tener demasiado costo político. “Y, de hecho, así sucedió y la estatizada fue la que más incrementó sus precios. En los últimos doce meses, para algunos de sus productos en determinadas zonas treparon por encima del 26 por ciento”, reveló.

Bianchi sostiene que la intención de la normativa nunca quedó clara para los jugadores del mercado. En rigor, cuando se emitió generó una enorme confusión en el sector en cuanto a su objetivo. Muchos pensaron que se implementó en el marco de la política de congelamiento de precios -siguiendo la lógica que el poderoso funcionario (Guillermo Moreno) impuso también en otros sectores como supermercados y cadenas de electrodomésticos-, aunque el efecto que disparó fue paradójicamente el inverso. En ese período, de hecho, los valores en los surtidores se incrementaron a la par de la inflación privada, es decir a un ritmo de 1,5 por ciento mensual en promedio, duplicando además el índice de precios oficial que difunde el INDEC

La resolución tomó como referencia para el tope, el precio más alto aplicado por los expendedores vigente al 9 de abril de 2013 y dividió al país en seis regiones. Sin embargo, la parlamentaria afirma que nunca publicó una lista oficial. Por esa razón, admite, “en todo este tiempo reinó el desorden” y “hubo muchas empresas que sobrepasaron, incluso, sus máximos de abril sin ser penadas ni multadas“, remarcó.

“Por las implicancias de éste fenómeno para la economía nacional y las demás razones antes expresadas, invito a los señores diputados a acompañar el presente proyecto”, emplazó la legisladora puntana.