El diputado Provincial Daniel Lipovetsky, diagramó una iniciativa para cubrir las urgencias de los comercios y Pymes de la provincia de Buenos Aires que “se hayan encontrado alcanzados por el Aislamiento Preventivo y Obligatorio, o sufrido una reducción del 50 por ciento o más en su demanda de potencia eléctrica o gasífera”.

“A través de este proyecto que acompañan los diputados de la bancada opositora, las Estaciones de Servicio bonaerenses, que fueron directamente afectadas en el nivel de ventas y mantuvieron sus establecimientos abiertos al público sin el uso normal de la energía eléctrica y de gas, podrán acceder a este beneficio en caso de que se apruebe la norma”, dijo Lipovetsky a surtidores.com.ar.

Agregó el edil del PRO que “el sector expendedor, debe en esta coyuntura afrontar con las distribuidoras de luz y gas natural un pago de un cargo fijo, que si bien en condiciones normales, beneficia a las empresas, en situaciones de emergencia sanitaria en cambio, se les vuelve en contra como en el caso de las operadoras de combustibles que no están trabajando al 100 por ciento de su capacidad”.

Reconoció las gestiones que se están realizando entre los entes estatales y los dirigentes empresarios para acordar métodos de pago y alivianar las cargas en la coyuntura del COVID 19, pero expresó que “será más seguro e importante que estas medidas sean tenidas en cuenta por la ley, para mejor protección de los usuarios”.

Además afirmó que “las distribuidoras de energía eléctrica y de gas, las cooperativas eléctricas y la subdistribuidora de gas BAGSA, deberán regular la facturación de su servicio, adecuándolo al consumo real del usuario que surja de la efectiva lectura del medidor correspondiente”.

Detalló que las diferencias a favor del estacionero o cualquier otra empresa Pyme calculadas a partir del 20 de marzo del 2020, deberán imputarse de manera automática y sin necesidad de trámite alguno, al pago de la factura del mes siguiente.

Aclaró finalmente que este proyecto surge porque las compañías distribuidoras en la Provincia de Buenos Aires, no se encuentran alcanzadas por la normativa nacional, razón por la cual, “resulta necesario contemplar en nuestro ámbito jurisdiccional, el grave perjuicio patrimonial que están enfrentando hoy estas empresas”, concluyó.