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Las expendedoras de combustibles que no poseen contratos de abastecimiento con ninguna compañía de bandera, denuncian que están cayendo en una debacle que las llevará a cierres masivos de sus negocios, debido a que los márgenes de rentabilidad y los deprimidos volúmenes de ventas, no les permiten siquiera afrontar deudas impositivas.
Si bien el horizonte de las bocas de expendio “sin bandera”, golpeado por los continuos desfasajes entre el mercado mayorista y la regulación en el surtidor llevada a cabo hasta antes de las PASO mediante los acuerdos de “Preciso Justos” se venía oscureciendo, en los últimos meses adquirió ribetes más graves a partir de la combinación de dos factores: la variación del tipo de cambio oficial y la aplicación de la Resolución General de AFIP 4953/2021.
A través de esta normativa se suspendían por los embargos y ejecuciones fiscales a todas las empresas con certificado PyME -entre las que se encuentran las Estaciones de Servicio- hasta el 31 de mayo de 2021, como parte de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.
Si bien finalizaba su vigencia en dicha fecha, el gobierno hasta ese entonces no avanzaba en la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, llevando a cabo una postergación de hecho de la decisión oficial.

Al respecto, el empresario del sector de las expendedoras sin bandera, Alejandro Di Palma, recalcó a surtidores.com.ar, que a partir de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y ante la necesidad de recaudar, la AFIP comenzó a trabar embargos sobre fondos y valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, de numerosos colegas blancos que subsistían gracias a la suspensión de las acciones tributarias, en un contexto de precios no competitivos que los habían dejado fuera de mercado.
Según Di Palma, son más de 300 los establecimientos de combustible sin marca que vienen recibiendo intimaciones del ente recaudador nacional, de las cuales muchos de ellas ya tienen cuentas embargadas y deudas ejecutadas.
En este contexto, explicó que la renta está devastada porque la bonificación que propone la cadena de hidrocarburos no tiene correlato con el marco de un negocio que entre otros temas, debe afrontar sueldos difíciles de pagar para el empresario que a la vez resulta magro para el bolsillo del trabajador.
En segundo lugar, recordó el otro disparador que a su entender causó el “derrumbe total”, luego del aumento del 25 por ciento del canal mayorista decidido por las petroleras tras la devaluación del lunes pasado, con el cual se nutren las estaciones sin bandera.
“Nos generó por un lado el desabastecimiento de combustibles y por el otro la oferta de un precio minorista ridículo y descabellado de hasta 50 pesos el litro de nafta súper por encima de las bocas de expendio de YPF”, dijo el estacionero.
“En las actuales condiciones las operadoras de combustibles que no tienen la posibilidad de tener un contrato de abastecimiento con las banderas tradicionales van rumbo a su extinción definitiva, condenadas por una administración que termina su mandato sin haber demostrado en ningún momento verdadero interés por darle impulso a este sector de la economía que le ofrece trabajo genuino a más de 6500 familias”, concluyó Di Palma.
Lamentable e insostenible situación agravada por embargos múltiples de AFIP por el 100% de lo reclamado más costas presupuestadas y en casos incluye inhabilitación, lo que deja sin recursos al contribuyente para afrontar compromisos, incluidos los salariales y los impuestos que no tienen en cuenta la capacidad contributiva.
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