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En la antesala del debate en el Senado, distintos referentes políticos y técnicos cuestionan el proyecto oficial y aseguran que la iniciativa no resolverá los problemas estructurales de las Estaciones de Servicio.
El Senado nacional se encamina a un debate clave sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una iniciativa que busca modificar de manera profunda el régimen de relaciones de trabajo. Mientras el oficialismo defiende el proyecto como un instrumento para fomentar el empleo y mejorar la competitividad, crecen las advertencias sobre su impacto real en las PyME, en particular en las Estaciones de Servicio.
En ese escenario, voces críticas del arco político y del ámbito laboral advierten a los estacioneros que la reforma no contempla medidas orientadas a aliviar la delicada situación económica del sector expendedor de combustibles, afectado por altos costos, presión impositiva y una demanda en retroceso. Por el contrario, señalan que el proyecto pone el foco en la flexibilización laboral sin atender las necesidades específicas de las pequeñas empresas.

Uno de los cuestionamientos más duros fue planteado por el exministro de Trabajo Carlos Tomada, quien en diálogo con Surtidores sostuvo que la iniciativa parlamentaria está “rodeada por un conjunto de prejuicios y de mentiras” en su planteo general. “Uno de ellos es decir que es una ley que ayuda a las PyMES”, afirmó.
Tomada remarcó que los problemas que atraviesan las Estaciones de Servicio no tienen su origen en la normativa laboral vigente. “A las empresas no se las ayuda con este tipo de legislación laboral. Se las ayuda con políticas específicas para el sector de la pequeña empresa, con créditos y con políticas tributarias. No es por el lado de las políticas laborales”, explicó.
Desde sectores críticos al proyecto subrayan que, en el caso de los estacioneros, las principales dificultades pasan por la caída del consumo, el incremento de los costos operativos, la falta de financiamiento y la incertidumbre macroeconómica. En ese contexto, consideran que avanzar sobre derechos laborales no mejora la rentabilidad ni genera previsibilidad para sostener el empleo registrado.
El exministro también puso en duda que la reforma busque realmente reducir la informalidad. “No encuentro ninguna medida que sea a favor de las pequeñas empresas. Inclusive plantea el tema de la informalidad como si fuera un problema que quieren resolver y la verdad es que no es cierto”, advirtió.
Según Tomada, el trasfondo del proyecto apunta a un modelo de mercado de trabajo desregulado. “El mundo de la informalidad es el mundo que tanto esta ley como los Macri de la vida quieren: un mundo laboral sin convenios colectivos, sin indemnizaciones, sin cargas sociales, sin jubilaciones y sin sindicatos”, afirmó.
“Ese no es el mundo laboral que la Argentina necesita para crecer de manera sólida y equitativa”, concluyó Tomada, y dejó una advertencia directa al sector expendedor: “Lamento que no haya ninguna buena noticia para el sector PyME, aunque se esfuercen en querer demostrarlo”.

EL AUTOSERVICIO Y SU IMPACTO EN EL TRABAJO
En la misma línea se expresó el exsecretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, quien advirtió sobre el impacto combinado de la reforma laboral y la expansión del autoservicio de combustibles. Según señaló, la automatización del despacho “puede generar una pérdida importante de puestos de trabajo si esa modalidad tiene éxito”, al tiempo que remarcó los riesgos en materia de seguridad para los consumidores.
“El autoservicio descuida cuestiones clave como las corrientes estáticas, el uso de telefonía celular y otras medidas de seguridad que hoy están garantizadas por los trabajadores y trabajadoras de las Estaciones de Servicio”, sostuvo Solorza. Y agregó que la cartelería no alcanza para reemplazar el rol del personal capacitado en playa.
El exfuncionario fueguino también advirtió que la reforma profundizaría la precarización en otros servicios asociados a las estaciones, como los sectores de gastronomía y tiendas. “El impacto puede ser devastador en una provincia como Tierra del Fuego, donde hay apenas unas 10 o 12 Estaciones de Servicio”, señaló.
Solorza alertó además sobre el avance de modalidades de contratación temporarias o por fuera de los convenios colectivos. “La precarización que significaría tener gente a término, incluso monotributizada y no nucleada en los principales sindicatos, va a afectar claramente al sector”, afirmó. En el caso fueguino, recordó que la mayoría de los trabajadores están encuadrados sindicalmente, lo que hoy garantiza estabilidad y condiciones laborales formales.
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