Desde el espacio que conduce Alberto Fernández, los especialistas relacionados con el tema energético coinciden en la posibilidad de un cambio rotundo en las condiciones de regulación del sector de combustibles.

En el Congreso de la Nación, el histórico Senador Fernando Pino Solanas y uno de los referentes del peronismo en estos temas, tiene proyectado avanzar junto con otras iniciativas de sus pares en la prohibición definitiva y nacional de la modalidad de carga de combustibles “por cualquier persona ajena a la Estación de Servicio”.

Consultado al respecto, el asesor del legislador Fabián Lugarini, dijo a surtidores.com.ar que “el proyecto de ley que presentamos está basado en la letra de la norma de la Provincia de Buenos Aires de 2007”.

Agregó que “quienes avanzamos en este proyecto queremos hacer especial atención en el problema de la inseguridad y el peligro que acarrea la posibilidad de que cualquier persona pueda manipular un surtidor de combustibles”.

Valoró otros proyectos similares que fueron discutidos en la primera reunión de la Comisión de Energía y Minería del martes pasado, aunque observó que es preciso darle la importancia que se merece a la seguridad, sin dejar de lado el aspecto netamente de resguardo de las fuentes de empleo.

“Si tal cual las cosas están dadas hoy, donde se torna muy difícil que un cliente de la Estación de Servicio deje de utilizar su celular dentro del establecimiento porque está vedado en virtud de las normas de seguridad, imaginemos esa misma situación si una persona simultáneamente al uso del surtidor se dedica a mandar mensajes por su teléfono”, vaticinó el asesor parlamentario.

En ese sentido, expresó que las consecuencias de flexibilizar estos temas solamente para favorecer las ganancias de las empresas petroleras, preocupa por la “manera irresponsable en que se manejó el actual gobierno para intentar permitir esta situación”, dijo.

Descartó finalmente que el autoservicio pueda llevarse a cabo con un hipotético nuevo gobierno de Fernández, pero dejó en claro su intención de que pueda convertirse en ley, para darle estabilidad a un tema que “supera el color político de cada gestión de turno”.