Defensa de la Competencia frena una investigación contra YPF

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) funciona legalmente bajo la órbita del Ministerio de Economía, pero en la práctica depende del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En definitiva, es el Poder Ejecutivo el que da la orden de avanzar o cajonear las investigaciones. El organismo nunca alcanzó la independencia y autonomía suficiente como para poder fallar sin la presión del poder político de turno.

La Federación de Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires (FECOBA) abrió un expediente en el año 2009 contra YPF por supuesta posición dominante en el mercado local de los combustibles, que pese a contener argumentos muy sólidos, hasta el momento no obtuvo dictamen. “No se puede ser muy optimista”, admitió el asesor legal de la entidad, Fabián Tóbalo.

El dirigente lamentó que en su última visita por los tribunales confirmó que el expediente no tuvo movimiento. En el contexto actual, donde el Estado controla la petrolera – y por ende es a la vez acusado y juez a pesar de la independencia de poderes – las esperanzas de lograr algún cambio estructural en el mercado son escasas.

El escrito que presentó FECOBA señala que “la explotación del negocio de los hidrocarburos estaría organizada por medio de la integración vertical; practicaría una alineación de los precios de los combustibles e incurriría en discriminación arbitraria de precios de venta que se llevaría a cabo mediante una política de precios predatorios y de desabastecimiento de combustibles”.

Como era de esperar, YPF rechazó todos los cargos que propició FECOBA mientras era administrada por el Grupo Repsol, argumentando que luego de la aprobación por parte del Estado de un plan de transformación global, llevó a cabo una gran reducción de su dimensión y participación en los mercados a través de la venta de activos y asociaciones.

Asimismo, los abogados de la petrolera objetaron que “sería una contradicción jurídica y económica imputarle abuso de posición dominante a la compañía que cobra los menores precios y que incrementó la oferta de combustible”. La denuncia afirma que la empresa de combustibles habría violado la Ley 26.156 de Defensa de la Competencia.