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Un sector de economistas expresó su preocupación por su incremento sostenido, señalando que las medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei han exacerbado esta problemática.
El “sinceramiento” de la canasta de costos energéticos abrió el interrogante sobre hasta dónde son razonables los aumentos de naftas, gasoil y GNC que se convalidaron durante todo el 2024 y hasta qué punto serán viables de asumir para los clientes de las Estaciones de Servicio.
Hernán Letcher, presidente del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), detalló las consecuencias económicas de las políticas adoptadas en el primer período del actual Gobierno, entre las que interpretó al descongelamiento de los valores de los hidrocarburos como una decisión perjudicial para el país.

Según el análisis, se trata de una de las decisiones del Poder Ejecutivo más controvertidas: “La desregulación de los hidrocarburos hizo modificar la histórica premisa pretendida, el autoabastecimiento energético, por otra muy distinta, la maximización de la ganancia“, remarcó.
La implementación de estas políticas ha llevado a que, según Letcher en un país productor de hidrocarburos, los combustibles se vendan a paridad internacional. Esta reforma, según los economistas críticos, desvinculó los precios locales de las realidades económicas nacionales, generando un desbalance significativo para consumidores y sectores productivos.
De acuerdo a esta visión, el impacto de esta decisión se refleja claramente en el precio de la nafta, que experimentó un incremento drástico en pocos meses. “La nafta pasó de valer en noviembre $280 a $1.100 en diciembre, un incremento de 292,9 por ciento“, destacó Letcher, subrayando la severidad de el alza y sus repercusiones en la economía familiar y empresarial.

En este contexto, las medidas económicas implementadas por Javier Milei han sido objeto de debate desde su inicio. Además de la desregulación del sector de hidrocarburos, se han implementado reformas orientadas a la liberalización de mercados y a la reducción de subsidios estatales. Si bien estas políticas buscan fomentar la competencia y atraer inversiones, los críticos argumentan que han favorecido la especulación y la maximización de ganancias a corto plazo, sin considerar adecuadamente el impacto social y económico a largo plazo.
Frente a este panorama, Letcher instó al Gobierno a reconsiderar las políticas implementadas y a buscar un equilibrio entre la libre competencia y la estabilidad económica. “Es fundamental que las medidas económicas no solo busquen la eficiencia del mercado, sino también la protección de los sectores vulnerables y el mantenimiento de precios accesibles para los consumidores“, concluyó.
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