ICL y IDC
El 1º de noviembre deberían modificarse los gravámenes que impactan sobre la nafta y el gasoil, pendientes de actualización desde hace dos años.
En junio de este año, mediante el Decreto número 332, el presidente de la Nación decidió nuevamente aplazar la implementación del impuesto a los combustibles. Esta prolongada serie de postergaciones ha resultado en la acumulación de actualizaciones pendientes para el tercer y cuarto trimestres de 2021, la totalidad del año 2022, y los primeros dos trimestres del calendario 2023.
Como consecuencia de esta situación, a partir del 1º de noviembre, estas modificaciones impositivas deberán ser trasladadas a los precios de los combustibles.
Postergan la actualización del impuesto a los combustibles hasta después de las elecciones
De acuerdo con el análisis realizado por el licenciado en administración y experto en la industria de combustibles, Cristian Bergmann, se espera que las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDL) alcancen un 156 por ciento, tanto para el gasoil como para las naftas.
Este porcentaje incluye la inflación registrada durante el tercer y cuarto trimestre de 2021, que fue de aproximadamente 18.8 por ciento, la inflación anual del año 2023, que ascendió al 94.8 por ciento, además de la inflación acumulada en el primer y segundo trimestre de 2023, la cual se situó en un 42.5 por ciento, según datos del INDEC.
Para entender el impacto en los precios en las Estaciones de Servicio, tomando como referencia los valores actuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para la nafta súper, y asumiendo que se trasladará en su totalidad, representaría un incremento de aproximadamente un 17.8 por ciento por litro vendido. En el caso del gasoil grado 2, el aumento en el surtidor sería del 10.7 por ciento, también considerando los precios vigentes en CABA.
El análisis de Bergmann resalta la preocupación sobre lo que se percibe como un “populismo energético” por parte del gobierno, que implica un retraso significativo en los precios de los combustibles en términos reales, a la vez que se postergan las actualizaciones impositivas. Esto resulta en una pérdida importante de ingresos fiscales que podrían haberse recaudado de otro modo.
En consecuencia, esta situación genera una creciente incertidumbre y un ambiente empresarial poco favorable, especialmente en el sector minorista de combustibles. Al respecto, el especialista plantea la necesidad de “emprender una discusión exhaustiva e integral en el ámbito de la política energética, que involucre a los sectores empresariales y a los trabajadores, con el fin de abordar estos desafíos y establecer un camino claro hacia el futuro”.
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