La decisión de mantener la política de rezago tributario en el precio final de las naftas y el gasoil, refleja un enfoque mixto por parte del Gobierno de Javier Milei. Por un lado, busca liberar progresivamente la intromisión del Estado en el mercado de los combustibles, pero por otro, aplica regulaciones específicas para lograr la meta de inflación. Mientras tanto, los estacioneros  esperan definiciones claras sobre cómo continuará este proceso de ajuste.

Según Cristian Bergmann, experto en tributación del rubro expendedor, el retraso en la actualización del componente impositivo alcanza un 16,3 por ciento para la nafta y un 8,8 por ciento para el gasoil.

Cambios en el componente impositivo: Aumentaron los precios de los combustibles 2.75 por ciento promedio en todo el país

De acuerdo a su análisis, este desfasaje se acumula a lo largo de los tres primeros cuatrimestres del año y responde a lo previsto en el decreto 1059/24.

El economista detalló a surtidores.com.ar que la inflación acumulada en 2024 fue del 101 por ciento, aunque deben considerarse los aumentos parciales de julio a noviembre.

“Para corregir este atraso, los precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberían incrementarse hasta $180 por litro para la nafta y $98 por litro para el gasoil”, comentó.

El Gobierno aplicó una actualización parcial del Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono

ESTRATEGIA DE CONTROL Y GRADUALISMO

En ese contexto, el tributarista Diego Fraga explicó a este medio que esta restricción en la actualización de los impuestos responde a una estrategia integral del Gobierno. “Aunque promueve la liberación progresiva de controles económicos, el Ejecutivo ha optado por moderar el ajuste tributario sobre los combustibles”, comentó.

El especialista dijo que esto se debe a su impacto directo en la inflación, ya que los precios del transporte son un factor clave en la estructura de costos de la economía.

Fraga concluyó agregando que, si bien esta estrategia implica una pérdida de recaudación en términos reales, el Gobierno parece dispuesto a asumir ese costo para evitar mayores presiones inflacionarias.