Cuando el Gobierno se enorgullecía del Refino Plus y la producción de combustibles era la mayor de los últimos diez años

El reclamo que el Gobierno le hace a las petroleras no es nuevo, data de hace más de seis años cuando ante la incipiente escasez de combustibles le exigía más inversiones en refinación. En 2006, y ante la protesta por la falta de gasoil, el ministro de Planificación Julio De Vido dijo: “El Gobierno pretende un fuerte incremento de los niveles de destilados“, y les exigió a las empresas hagan las inversiones necesarias para poder producir la cantidad de combustible que esté a la “altura de las necesidades del país”.

La prédica y la falta de respuestas, dio motivo para el lanzamiento, dos años más tarde, de los Programas “Petróleo y Refino Plus”, ambos dotados de beneficios fiscales para inversiones en exploración, producción y refinación con el objetivo de mejorar la decreciente oferta. En aquella oportunidad De Vido dijo que buscaban promover inversiones “tanto del Estado nacional como de las empresas privadas que permitan incrementar la producción de productos energéticos que acompañen y satisfagan la creciente demanda a raíz del sostenido crecimiento económico que el país experimenta“.

“Este plan es de carácter estratégico y estructural, no sólo porque se refiere a un sector importante como el energético, sino por su modalidad: Antes los incentivos fiscales eran para transferir ingresos, sin verificar resultados en la práctica, hoy los incentivos serán contra resultados concretos“, remarcó Cristina Fernández al tiempo que garantizó que mantendría el superávit fiscal al defender el concepto de “caja” cuestionado desde los sectores contrarios al Gobierno, argumento esgrimido al presente para darles de baja definitivamente .

El entusiasmo que ofrecía la aceptación de estos incentivos, no logró sin embargo solucionar el déficit de suministro. Una parte porque las obra demandan un tiempo hasta que se efectivicen sus resultados, y otra porque evidentemente eran insuficientes. Así y de manera vertiginosa fue creciendo la importación de derivados, situación que también fue defendida como “producto de la fabulosa expansión que vive el país”

De Vido explicó que “evidentemente a la Argentina le va bien, ya que balanza comercial tiene saldo positivo producto de las políticas de desarrollo industrial que vienen aplicándose desde el año 2003” y agregó que “nadie debe preocuparse si producto de alguna coyuntura se importan commodities energéticos para producir y exportar productos con alto valor agregado”.

Las petroleras en tanto y lejos de asumir la responsabilidad que les cabe en este negocio, le  pidieron al Gobierno que asuma el costo de importación de nafta para paliar la escasez. Argumentaron que no pueden “hacer magia” ante el récord de ventas de automotores, y que “la única forma” de tener la disponibilidad que se requiere era trayéndolo del exterior.

En el afán de sostener un escenario cada vez menos creíble, De Vido culpó el año pasado a las campañas mediáticas que generan “sensación” de faltantes de naftas y gasoil. Según el ministro, “gran parte de las reservas de combustible del país, en vez de estar en los tanques de las estaciones, están en los tanques de los autos nuestros“. Y volvió a justificar la importación de combustibles, como el gasoil, al señalar que “estamos en la época en la cual siempre se importó, inclusive, antes de que fuéramos Gobierno. Durante la cosecha gruesa se importaba gasoil y en el verano se exportaba. Ya no exportamos porque lo consumimos acá y no es que haya menos producción, sino que hay más consumo“.

Fiel a su dialéctica manifestó a fin de 2011que la producción de combustibles ese año  estaría entre las mayores de los últimos diez. “Los números son muy optimistas”, explicó De Vido y agregó que “si sumamos la producción de nafta y gasoil del 2011 estimamos alcanzar cerca de 19 millones de metros cúbicos, lo que constituye uno de los valores más altos de la última década”.

Sin embargo con la llegada de 2012 todo parece haber cambiado abruptamente. El Gobierno denunció a las petroleras por “cartelización” de precios de la venta del gasoil que utilizan las empresas de transporte de cargas y de pasajeros. También suspendió los beneficios fiscales de los programas Petróleo Plus y Refino Plus por un cambio en las condiciones de mercado y el precio local del barril, además de “no darle el impulso que podrían haberle dado”, señaló el funcionario.