Crisis de estaciones de servicio en Bolivia: los expendedores ceden sus negocios al Gobierno

Un proyecto de ley hizo estallar la débil relación que existe entre los estacioneros y el gobierno de Bolivia, al punto que los empresarios amenazaron con dejar de comercializar combustibles y ceder sus contratos al Ejecutivo. La ordenanza en cuestión denominada de “Desarrollo y Seguridad Fronteriza”, sanciona con la expropiación a las estaciones de servicio ubicadas a 50 kilómetros de las ciudades fronterizas que no extiendan facturas.

“Esa ilegalidad tiene que terminar”, sentenció el presidente, Evo Morales. “Serán muchos, serán pocos pero hay grupos de dueños de surtidores que roban al pueblo, roban al Estado y no dan facturas. En las fronteras, imagínense, en 20 kilómetros, hay diez surtidores; por qué tantos surtidores, eso sí, es para el contrabando. Si quieren devolver las licencias, que devuelvan, mejor todavía”, señaló el primer mandatario.

Morales afirmó que el Estado está preparado para garantizar la venta de combustibles y defender al consumidor pues no se puede seguir fomentando la evasión impositiva y el desvío de combustibles subvencionados en territorio nacional para usufructo del contrabando.

En una conferencia de prensa realizada en instalaciones del Palacio de Gobierno, Evo instó a la población a exigir la factura por la  compra de combustibles en los surtidores o estaciones de servicio. A su juicio, el no exigir facturas a los dueños de surtidores es regalar recursos económicos. “Si no piden factura le están regalando al dueño de surtidor al margen de su ganancia, un margen de sus utilidades, por la venta de combustible, en vez de que ese dinero vaya al Tesoro General de la Nación”, agregó durante la rueda de prensa.

De acuerdo a un informe de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los dueños de las estaciones de servicio que comercializan naftas y gasoil registran una ganancia de 10 mil dólares al mes. Las que además despachan GNC, considerando ello a los costos operativos y demás gastos, la ganancia neta es de otros 10.000 dólares.

En ese sentido, la autoridad expresó que las estaciones de servicio no son un negocio que muestre números rojos, pero enfatizó que no es una actividad económica que rinda frutos desde su inicio, pues dio a conocer que la construcción de una gasolinera tiene un costo aproximado de 500 mil dólares, monto que puede incrementarse en el caso de agregar el servicio de GNV, que oscila entre 150 mil y 200 mil dólares.

“Si los empresarios toman la decisión de realizar una recuperación acelerada, bueno, pues las ganancias que van a obtener se van a expandir en el tiempo, pero generalmente lo que se hace es una recuperación relativamente aceptable en la industria petrolera, de tal manera que esa inversión se va recuperando en ocho, nueve o 10 años”, expuso el presidente de YPFB Carlos Villegas, en una entrevista en el medio televisivo estatal.

El proyecto de Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza que se halla en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sanciona con la expropiación de surtidores, si sus propietarios no extienden facturas particularmente en las estaciones de servicio que se encuentran ubicados en el radio de 50 kilómetros de las ciudades fronterizas. La norma ya fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y en las próximas horas será considerada en el Senado, antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

La propuesta que está orientada a combatir la ilícita actividad del contrabando de hidrocarburos, provocó observaciones entre los propietarios de surtidores privados del departamento de Santa Cruz que amenazan con devolver sus licencias de funcionamiento.