Con declaraciones maratónicas comenzaron las audiencias por la “guerra del GNC cordobés”

El martes 17  y el miércoles 18 comenzaron las audiencias en relación a la causa en la que interviene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el conflicto planteado en la ciudad de Córdoba donde un grupo de estacioneros comercializa el metro cúbico de GNC por debajo de los  90 centavos. La misma fundamenta que el bajo precio afecta la libre competencia del mercado. Las audiencias de Maranca y Sica fueron maratónicas, sin embargo los acusados de ser responsables directos no se presentaron, ni tampoco sus abogados.

La dependencia consideró precedente su intervención y en consecuencia analizará la evolución del mercado. Ya evaluó que existen conductas contrarias a la Ley 25.156, en cuanto a la afectación de la libre competencia. Es por eso que la etapa de imputación está siendo desarrollada y el 17 de agosto se desarrolló la primera audiencia, con el presidente de la Cámara Argentina de GNC, Fausto Maranca sentado en frente a las autoridades.

La misma se desarrolló por más de tres horas al igual que la audiencia que tuvo como protagonista a la presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina, Rosario  Sica.

Los acusados directos en la causa no se dieron cita ante las autoridades al igual que sus representantes legales. A su vez la distribuidora de gas del centro S.A. (ECOGAS),  y el Enargas, gerencia de GNC, presentaron sustancial documentación.

La ley citada precedentemente protege a dos personas jurídicas, una es el cliente y otra es la competencia. La imputación de los expendedores presentada en enero y octubre del año  pasado, números 1275 y 1303 ante la dependencia nacional, manifiesta que existe una cartelización en la disminución del precio del metro cúbico del GNC, lo que afecta a la libre competencia. Esta distorsión en el precio es predatoria, desarmando la rentabilidad y el capital de la competencia lo que puede llevar a la bancarrota, como ya ocurrió en reiteradas veces.

Según explica el expediente que acompaña la causa, la situación perjudica a las estaciones de servicio más pequeñas que no pueden acoplarse a las bajas ofertas, y para no perder clientela deben poner el mismo precio, pero vendiendo a pérdida condenándolas a colgar las mangueras.

Se estima, según cifras no oficiales, que en caso que la autoridad nacional condene a los estacioneros por la política de precios, éstos podrían llegar a percibir multas del orden de los 3 millones de pesos por tratarse de una acción realizada por varios años.