En un movimiento que busca modernizar la regulación del sector del gas natural, el ENARGAS ha puesto a consideración pública una norma destinada a actualizar las multas impuestas a las Estaciones de Servicio de GNC. Esta propuesta (ver al pie), que permanecerá abierta a comentarios durante 30 días, tiene como objetivo ajustar sanciones que se encontraban congeladas desde el año 2002, recuperando así un sentido de proporcionalidad frente a la inflación que ha erosionado su valor.

La historia del régimen de multas en Argentina se remonta a la década de 1990, cuando se sancionó la ley 24.076, que permitió la creación de un marco regulatorio para la industria del gas. En ese contexto, el ENARGAS fue instituido en 1992 para controlar a los diversos actores de este sector. Originalmente, las puniciones oscilaban entre mil y cien mil pesos (o dólares en la convertibilidad), dependiendo de la gravedad de la infracción, y estaban dirigidas a todos los participantes en la cadena de distribución y transporte.

Responsabilizaron al empleado por la carga de GNC a un auto con oblea vencida y recibieron una fuerte sanción de ENARGAS

Con la llegada del nuevo milenio, se reglamentaron sanciones específicas para los sujetos de la industria del GNC, incluidas las Estaciones de Servicio, que iban desde multas pecuniarias hasta clausuras temporales o definitivas. Estas últimas se aplicaban en situaciones graves, como la venta de GNC sin la oblea habilitante o con la misma vencida. Además, los representantes técnicos podían ser considerados responsables solidariamente.

Luis Navas, un reconocido especialista en temas relacionados con el GNC, explica que las infracciones pueden variar desde aspectos relacionados a la seguridad en las instalaciones, como la falta de extintores o calibración de válvulas de alivio, hasta problemas más serios que podrían llevar a sanciones significativas. Esto genera un contexto peculiar donde una empresa distribuidora puede sancionar directamente a una estación de carga de GNC, debido a la delegación que ha hecho el ENARGAS de parte de su poder de policía.

Es que en estos casos, las multas que impone la licenciataria pueden ser recurridas ante el ENARGAS como autoridad administrativa, que tiene la potestad de confirmarla o rechazarla. Si queda firme, el particular la debe abonar.

A medida que se abre el período de consulta pública, se espera que las opiniones de los distintos actores del sector enriquezcan el debate y contribuyan a la elaboración de un marco normativo más adecuado y efectivo. “Este cambio representa una oportunidad para que el ENARGAS reafirme su compromiso con la regulación y el control del sector del gas natural vehicular en Argentina, promoviendo prácticas más seguras y transparentes que beneficien tanto a las empresas como a los consumidores”, resume Navas.