Dos años atrás, un grupo de diputados, algunos en actividad como su gestora, Griselda Baldata y otros con aspiraciones ejecutivas, tal el caso de Norma Morandini,  presentaban una iniciativa (2451-D) por la cual para los casos en que una empresa distribuidora de combustibles, por cualquier motivo, pretenda finalizar el vínculo contractual de abastecimiento contraído con los titulares de una estación de servicio, deberían notificar previamente tal pretensión a la Sub Secretaria de Combustibles, que analizará la procedencia de la finalización del contrato pero en ningún caso autorizará su resolución o rescisión si previamente no se ha garantizado la continuidad de la provisión de combustible líquido o gaseoso por medio de otra empresa.

Si bien en la actualidad la información debe ser remitida a la Secretaría de Comercio Interior, que será en este caso la autoridad de aplicación, la propuesta sugiere que el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias a fin de asegurar el abastecimiento del mercado doméstico de combustibles y el normal desarrollo de las actividades económicas locales, evitando que las empresas refinadoras incurran en actos de discriminación y abuso de posición dominante.

El proyecto ampliaba el horizonte de su sanción ya que la entrada en vigencia regiría tanto para las estaciones instaladas, como para aquellas que se instalen en un futuro a lo largo de todo el territorio nacional, con especial atención y disposición en relación a las zonas de frontera y regiones pauperizadas.

Los legisladores explicaban que a partir de la privatización de los hidrocarburos, estos dejaron de ser un “bien estratégico” para devenir en un “bien comercial“. Como consecuencia, y en lo que hace expresamente al presente proyecto, las estaciones de servicio en el territorio nacional pasaron a depender del arbitrio de la política comercial de las empresas petroleras. Esto supuso, por una parte la aparición de las “Estaciones Blancas“, es decir, sin bandera, y posteriormente el cierre de muchas otras. Las que quedaron y aún quedan se han convertido en “expendedoras comisionistas” de las petroleras que le reconocen un porcentaje sobre las ventas, sea de combustible o lubricantes.

Dentro del marco regulatorio anterior a la desregulación de la economía y de privatización de los recursos energéticos estratégicos del país, la Secretaría de Energía de la Nación cuidaba de que todas las regiones del país, particularmente las marginales, contaran con abastecimiento de combustibles y lubricantes. Hoy, la petroleras pueden determinar de motu propio las bocas de expendio que seguirán abasteciendo o no. Esto implica que si una petrolera no prorroga el contrato de abastecimiento de una Estación que hoy gira bajo su bandera, la misma deberá cerrar pues ninguna otra petrolera reanudará el abastecimiento. “La actual Disposición 157- 2006, no alcanza para proteger el abastecimiento y la continuidad del mismo a las estaciones que aún operan bajo bandera. Se requiere de un proyecto de ley y eso animaba al presente”, señaló uno de sus impulsores ante la consulta de este medio.

“La caducidad de la iniciativa no hace más que blanquear el poco interés que representa el sector para los legisladores”, se quejó el presidente de AESI, Manuel García. “Van a tener que intervenir porque sino vamos a desaparecer”, vaticinó.