Buscan declarar esencial el expendio de combustibles en la Ciudad de Buenos Aires para garantizar su continuidad

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña busca declarar como servicio público esencial al expendio de combustibles líquidos y gaseosos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con otras etapas clave de la cadena energética como el transporte, almacenamiento, distribución y provisión. La iniciativa, impulsada por el legislador Yamil Santoro (cuyo mandato vence a fin de año), apunta a garantizar la continuidad de este servicio en todo momento, especialmente en contextos críticos como paros gremiales, emergencias climáticas o interrupciones logísticas.

La propuesta establece que, ante medidas legítimas de acción directa impulsadas por gremios, las Estaciones de Servicio y otras entidades vinculadas al expendio deberán mantener un esquema de guardias mínimas que cubra al menos el 75 por ciento de sus dotaciones, para asegurar la operatividad parcial pero constante de las bocas de despacho.

Declaran esencial la producción, transporte y comercialización de combustibles

El Poder Ejecutivo incluyó a los combustibles entre los servicios esenciales en el marco del Decreto 340/2025. La medida alcanza a toda la cadena y busca garantizar su funcionamiento continuo, incluso durante conflictos laborales.

Ver mas

Además, se incorpora una figura contravencional específica en el Código Contravencional porteño para sancionar a quienes impidan, obstruyan o entorpezcan de forma directa y material la prestación del servicio. Las penas van de uno a tres meses de arresto efectivo, y se agravan si la infracción es cometida por empresas o funcionarios públicos, quienes podrían enfrentar también multas y la inhabilitación para contratar con el Estado por cinco años.

En sus fundamentos, el proyecto subraya el rol central del expendio de combustibles en el funcionamiento cotidiano de la Ciudad: desde hospitales y centros logísticos hasta la movilidad urbana y la prestación de servicios básicos, todos dependen del suministro energético. “La energía es un insumo básico para la vida cotidiana, el desarrollo económico y la gestión de emergencias”, argumenta el texto, y agrega que “su disponibilidad permanente debe estar protegida por políticas públicas claras y eficaces”.

Si bien el proyecto incluye medidas de control y sanción, también deja en claro que no pretende criminalizar la protesta gremial ni cercenar el derecho constitucional a la huelga. Por el contrario, se propone compatibilizar el ejercicio legítimo de ese derecho con la necesidad de evitar impactos irreversibles en la vida de los ciudadanos por interrupciones totales en el suministro de combustibles.

En ese marco, la Ciudad se comprometería a coordinar acciones con organismos nacionales para fortalecer la seguridad y accesibilidad del sistema de expendio, sobre todo en contextos excepcionales. El proyecto también se alinea con estándares internacionales: menciona que tanto en Estados Unidos como en Europa ya se han implementado medidas similares para blindar el suministro energético en situaciones de crisis.

Vale recordar que una medida similar promovió el Gobierno Nacional a través del Decreto 340/25, pero el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 suspendió provisoriamente los artículos 2 y 3.

En el fallo, firmado por la jueza Moira Fullana, se hizo lugar a la cautelar pedida por la CGT, que consideró que el decreto firmado por Javier Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución”.