Buenos Aires y el interior: proponen diferenciar el impuesto a las naftas para equiparar los costos

La disparidad de precios entre Buenos Aires y el interior del país sigue dando que hablar. A las iniciativas presentadas por diversos legisladores para equipararlos –uno de ellos a cargo del actual Ministro de Defensa, Agustín Rossi-, ahora se sumó el de la Senadora nacional y primer Vicegobernadora Electa en Mendoza, Laura Montero, quien plantea modificar las alícuotas del Impuesto a los Combustibles de modo de compensar el mayor costo de transporte con una menor carga tributaria.

Montero sostiene que actualmente, en la República Argentina el precio de las naftas y el gasoil difiere significativamente de una localidad a otra a lo largo y ancho del país. “Este contraste tiene su justificación, según los estudios realizados y consultados, en una política de discriminación de precios que realiza la principal empresa proveedora de combustibles líquidos (YPF), dada su importante participación de mercado”, explica.

Puntualiza que la discriminación de precios mencionada se basa, fundamentalmente, en la falta de competencia que existe en la mayor parte del territorio argentino, ya que las principales refinerías competidoras se encuentran localizadas en la región que abarca el sur de la Provincia de Santa Fe y en la zona costera de la Provincia de Buenos Aires. “Por tanto, es justamente en esa zona de nuestro país donde se registran los precios más bajos exceptuando, por supuesto, aquellas regiones beneficiadas con exenciones impositivas (Patagonia)”.

La legisladora afirma que esta situación atenta contra la igualdad de oportunidades en la Argentina, sobre todo cuando está afectando a aquellas regiones más desfavorecidas, en términos económicos, como son las provincias del NOA, del NEA y de Cuyo, básicamente. “Esta discriminación se hace más notoria todavía en el caso de provincias que cuentan con todos los eslabones de la cadena de producción de combustibles líquidos, como lo son Mendoza y Neuquén, en dónde los consumidores no se explican por qué pagan los combustibles líquidos más caros que los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dónde no hay producción de petróleo)”, denuncia

Por otra parte, expresa que el costo de los combustibles líquidos, especialmente el gas oil, afecta a toda la población de una localidad, ya que se lo considera un bien de máxima complementariedad. Es decir que, es un bien que interviene en la estructura de costos de producción de una gran variedad de productos y servicios, ya sea en su etapa de producción primaria, como en la industrialización, y fundamentalmente, tiene un gran impacto en la etapa de distribución. “Además, si se piensa en términos de la población en general, esta discriminación de precios no sólo estaría afectando a los ciudadanos que poseen algún vehículo automotor impulsado por combustibles líquidos, sino también a la población que se moviliza en el sistema de transporte público”, señala.

“Consideramos que si queremos tener un país más federal y más igualitario, es imperioso tender a morigerar estas diferencias en los precios y a esto apunta el presente proyecto de Ley modificatorio de la Ley 23.966 en lo que respecta a las alícuotas y los montos mínimos del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) líquidos, de modo de compensar el mayor costo de transporte con una menor carga tributaria”, exige Montero.

Finalmente, y también como resultado de la revisión de la Ley 23.966 en lo que atañe al ITC, se observó la desactualización de los montos mínimos del impuesto por unidad de medida (en pesos por litro) para los principales combustibles líquidos consumidos en nuestro país, por lo que la iniciativa procedió a actualizar estos valores para las naftas, el gas oil y el diesel oil.