La crisis que atraviesa el sector del biodiesel en la Argentina, provocó que las Pymes que se dedican a proveer al mercado interno no puedan suministrar la cantidad necesaria de biocombustible para cortar con gasoil, impidiendo de este modo que la petroleras no alcancen el porcentaje de mezcla obligatorio del 10 por ciento que establece la ley 26.093.       

Esta situación originó un cambio en la composición impositiva del producto, ya que el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) pasó de $ 6,561 pesos por litro a $7,1379.

La reducción del volumen de Bios en el producto final, trae como consecuencia un aumento indirecto del gravamen, sin embargo ello no impactaría en el precio al público, ya que la diferencia las estarían absorbiendo las compañías. “Los valores en el surtidor se mantendrían sin cambios”, confirmó a surtidores.com.ar el Gerente de CECHA, Guillermo Lego.

El origen de la medida que finalmente alteró la composición del carburante, es el escenario que transita la industria que produce el insumo vegetal. Al respecto, el Director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), Francisco Jauregui, afirmó a este medio que las industrias “están paradas” por falta de rentabilidad.

El dirigente cuestiona que hasta el día de hoy la Secretaría de Energía no haya publicado los precios de referencia. “Estamos esperando pero hasta ahora no tenemos novedades”, señaló.

Este escenario, que data del último año de la gestión macrista, cuando se cambió la fórmula que puso a muchas de las empresas al borde del cierre definitivo, originó de parte de provincias productoras acciones administrativas contra el gobierno nacional por no fiscalizar que se cumpla el corte obligatorio. “No se está asegurando la calidad del producto ofrecido al público, como ser su octanaje o la emisión de gases o contenido de azufre, entre muchos otros incumplimientos”, denunció la ex secretaria de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gesse.