Avanzan en la justicia contra el cobro de un impuesto que perjudica a las Estaciones de Servicio

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Formosa Ángel Bigatti, acompañó al legislador de Juntos por el Cambio en su denuncia contra la funcionaria del erario público de la provincia, Mariela Cristina Arias, en base a los delitos de exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, relacionados con el impuesto a los ingresos brutos.

El diputado explicó en el texto de su denuncia que “considera ilegal el cobro del impuesto en concepto de anticipo de ingresos brutos, cuya negativa de pago importa el impedimento de ingreso a la provincia por parte del ente recaudador”.

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Sucede que como le ocurriera a varios establecimientos comerciales de la región, entre ellos  las Estaciones de Servicio, la provincia no permite el ingreso de aquellas mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, si previamente no se acredita el pago del mencionado anticipo.

De esta forma, los estacioneros locales tuvieron serios inconvenientes para poner en marcha bienes de uso destinados a mejorar la infraestructura del local o reponer maquinaria que dejó de funcionar y que tuvieron que comprarlas en otra provincia o enviarlas a reparar fuera de la jurisdicción de Formosa.

“Es dable destacar, que el basamento de las normativas de la DGR, radica en la necesidad de la provincia de luchar contra el contrabando; puesto que –según afirman- de no cobrar el gravamen de forma anticipada, luego no pueden hacerlo, debido a que, la mayoría de la mercadería que ingresa, tiene como finalidad la exportación ilegal y no llegan a introducirse en el comercio local”, destaca el diputado.

Pero cuestiona que resulta paradójico, ya que, por un lado, el gobierno de la Provincia reconoce su propia incompetencia y, por el otro, le hace la vista gorda al contrabando, en desmedro de los comerciantes locales.

Finalmente la denuncia expresa que los Estados provinciales no pueden invocar la titularidad territorial para poner trabas de índole alguna a las actividades que en sustancia se vinculan al tráfico interprovincial e internacional señalando que los principios del comercio establecidos en la Constitución Nacional, previenen a las legislaturas provinciales de dictar leyes que discriminen el comercio interior en función de su origen, o que se grave su desenvolvimiento al extremo de dificultarlo o impedirlo.

En ese sentido, Bigatti explicó que la retención por parte de la provincia en concepto de adelanto de Ingresos Brutos, está provocando un agujero fiscal en las operadoras de combustibles asociadas a la entidad, ya que acumulan deuda a favor con fondos propios que los que el Estado se adueñó y que les quita la posibilidad de usar en momentos de crisis como este.