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Mientras los valores en surtidor se actualizan de manera desregulada, en la legislatura bonaerense toma fuerza nuevamente una iniciativa que propone que las petroleras comuniquen las subas de naftas, gasoil y GNC con 3 días de anticipación.
La Legislatura bonaerense volvió a darle impulso a un proyecto de ley que busca anticipar y transparentar los aumentos de combustibles. La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria), plantea que petroleras y Estaciones de Servicio tengan la obligación de avisar con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios.
Según informó la diputada a Surtidores, la comisión de Presupuesto e Impuestos que debe emitir el último dictamen le aseguró que se tratará a la brevedad porque está en agenda legislativa, con lo cual se mostró confiada en que puede llegar al recinto.

El expediente identificado con el número D-2535/25-26, no establece precios máximos ni limita los porcentajes de los incrementos que pueden aplicar las compañías. Su objetivo es que los usuarios conozcan los nuevos valores antes de su entrada en vigencia y que las estaciones dispongan de un plazo definido para organizar los cambios.
Según el texto, las empresas proveedoras de combustibles líquidos y GNC deberán comunicar cualquier modificación a la autoridad de aplicación con 72 horas corridas de anticipación. Los expendedores, a su vez, tendrán que exhibir los importes actualizados al público con un mínimo de 48 horas antes de su aplicación. La propuesta también contempla sanciones por incumplimiento.
Los diputados que apoyan esta propuesta coincidieron con este medio en que si bien, se limita a la provincia de Buenos Aires, su contenido plantea una discusión relevante para el conjunto del sector.
Desde la Federación de Entidades de Combustibles explicaron a este medio que para los operadores bonaerenses, la medida podría sumar exigencias a la gestión cotidiana. “La actualización de cartelería, sistemas de facturación, plataformas digitales y canales de comunicación con los clientes debería coordinarse dentro de los plazos previstos. También sería necesario verificar que los valores exhibidos coincidan con los que efectivamente se cobrarán cuando entre en vigencia el aumento”, adelantaron.

También advirtieron que se podría generar una reacción de los consumidores. “Si los automovilistas conocen de antemano una suba, algunos podrían adelantar sus cargas para comprar combustible a los precios anteriores. Esto podría concentrar las ventas durante las horas previas al incremento y reducir el movimiento en los días posteriores”, comentaron los empresarios.
La iniciativa fue presentada en septiembre de 2025. La Comisión de Servicios Públicos emitió dictamen el 6 de noviembre de ese año, mientras que Legislación General hizo lo propio el 8 de julio de 2026, con modificaciones al texto original. Desde entonces, el expediente permanece pendiente de tratamiento en Presupuesto e Impuestos.
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