Aseguran que la AFIP no encontró casos de empleo irregular en las estaciones de servicio

El mecanismo que realizó  la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está centrado principalmente en poder determinar, en forma presuntiva, la cantidad mínima de empleados, teniendo como referencia la totalidad de surtidores y la capacidad de almacenamiento y expendio con que cuenta cada estación de servicio, como así también el horario de atención al público, que en la gran mayoría de los casos es de 24 horas.

Guillermo Lego, Gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) aclaró que “prácticamente no hubo inspecciones” sobre este tema. Si bien destacó que en la actividad el porcentaje de trabajo no registrado es casi nulo, debido a las condiciones que caracterizan al rubro, aseguró que los pocos controles que se realizaron no resultaron casos de evasión.

En consecuencia, el dirigente mencionó que “no hubo un fuerte seguimiento por parte de los inspectores”. La entidad que representa a los puntos de ventas de combustibles no recibió quejas de asociados en ninguna zona del país, por lo que se cree que “tampoco habrá mayores inconvenientes en el futuro”.  Aunque la medida se aplica solo en caso de que el titular del comercio se niegue a prestar información, las empresas temen que puedan intensificarse las visitas en los próximos tiempos.

El hecho de que YPF ahora forme parte del estado abrió algunos interrogantes acerca de cómo será la fiscalización sobre las bocas de expendio. Tanto el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) – encargado de revisar el abastecimiento de combustibles en los puntos de venta – al igual que otros organismos gubernamentales, como AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estarían auditando una empresa que también está administrada públicamente.

Lego aclaró que “son organismos que operan de manera independiente” y considera que no debería haber grandes cambios. En caso de que legalmente no esté garantizado el normal funcionamiento de estas instituciones explicó que sería la Justicia la que debería intervenir para tomar cartas en el asunto.