Ante la suspensión de la reforma laboral, recomiendan a estacioneros mantener el esquema vigente

La avanzada judicial de la Confederación General del Trabajo logró un primer impacto concreto sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El fallo fue dictado por el juez laboral Alejandro Sudera, quien hizo lugar al planteo sindical y declaró la inconstitucionalidad de más de 80 artículos de la normativa, al considerar que varios de sus puntos podían vulnerar derechos laborales consagrados constitucionalmente.

Sin embargo, en resoluciones posteriores, el propio magistrado readecuó parcialmente su decisión inicial y dejó sin efecto algunos de los cuestionamientos originales, especialmente en aspectos vinculados a la aplicación de intereses y otros puntos técnicos, lo que complejiza la lectura del alcance real del fallo.

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Aunque el FAL busca dar previsibilidad al pago de indemnizaciones, los juicios se aplican según la legislación vigente al momento del hecho que dio origen, explican los especialistas.

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Según pudo reconstruir Surtidores, la medida cautelar no fue revocada y continúa vigente al 9 de abril de 2026. Si bien el Estado ya apeló la decisión, lo hizo sin efecto suspensivo, lo que implica que la suspensión de la reforma seguirá operativa hasta que se expida la Cámara correspondiente. Antes de eso, la CGT deberá responder los argumentos del Gobierno, por lo que los plazos judiciales aún se proyectan extensos.

En este contexto, el abogado laboralista y analista político Nahuel Altieri, explicó a este medio que “el primer fallo judicial sobre la reforma laboral es una medida cautelar que la suspende casi toda”.

Uno de los puntos más sensibles para el sector tiene que ver con las indemnizaciones por despido. El especialista detalló que “las que están en juicio van a tener una tasa de interés de IPC más un 3 por ciento, con una quita de un tercio sobre ese resultado”. Sin embargo, remarcó que para los casos habituales “sigue vigente el esquema anterior, es decir, un mes de sueldo por año de servicio. Eso no cambia”.

Para las Estaciones de Servicio, el impacto se traslada directamente a la planificación de costos laborales, contratación de personal y decisiones de inversión, con reglas que por ahora se mantienen sin modificaciones.

En ese sentido, Altieri advirtió que, de avanzar la reforma, los operadores del sector deberían afrontar un nuevo esquema vinculado al Fondo de Ahorro Laboral, que implicaría “un ahorro forzoso del orden del 2,5 al 3 por ciento de la nómina salarial”, aunque aclaró que estos montos no forman parte de los aportes y contribuciones tradicionales.

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Desde el Congreso sostienen que el mecanismo de validación estatal no fue eliminado, aunque admiten que el nuevo esquema prioriza la negociación directa entre empresas y sindicatos y dependerá de la reglamentación del Ejecutivo.

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Desde una mirada económica, el analista sostuvo que el nuevo sistema podría implicar menores costos al momento de despedir y mayor previsibilidad, aunque insistió en que ese esquema aún no está vigente debido al freno judicial.

“Hoy las Estaciones de Servicio, por una cuestión de prudencia, tienen que regirse con el sistema anterior. No pueden tomar decisiones en función de una reforma que está suspendida y cuyo futuro depende de lo que resuelva la Cámara y, probablemente la Corte Suprema”, concluyó Altieri.