Analizan postergar controles de seguridad en Estaciones de GNC e insisten con el costo de cargos fijos

La escasa rentabilidad en las ventas que desde hace casi cinco meses sufren las Estaciones de Servicio por efectos de las cuarentena y la inactividad social, produjo algunas inquietudes que fueron comentadas en las diferentes reuniones de la Comisión de Usuarios Expendedores de GNC del ENARGAS, respecto a la imposibilidad económica de asumir gastos corrientes en épocas normales.

Se trata en este caso de reclamos referidos a la normativa 418, mediante la cual, las distribuidoras exigen de forma anual, una serie de estudios sobre luminosidad, vibraciones y seguridad de los establecimientos.

Los estacioneros afectados plantearon en el encuentro que para una amplia zona de la provincia de Buenos Aires, la distribuidora modificó los plazos de control que originalmente eran cada 1 año, a 6 meses, hecho que produjo que durante la crisis sanitaria, los comercios debieran invertir hasta 50 mil pesos para garantizar su realización.

“Este gasto nos resulta muy complicado dadas las difíciles condiciones que estamos atravesando ante la falta de nivel de expendio, más aún si le sumamos la obligatoriedad de abonar el polémico cargo fijo por servicio `Firme´ que tampoco hemos podido negociar”, expresó uno de los presentes.

La respuesta por parte de Sebastián Dupraz, uno de los funcionarios, fue la de llevar este planteo al Departamento de legales del Ente para que se pueda analizar y solucionar.

De la misma forma, la gerenta de GNC y GNL, María Fernanda Martínez, pidió a CECHA que elevara una nota con el detalle de los casos particulares que atraviesan estos inconvenientes, para hacer un puente con las distribuidoras correspondientes.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Enrique Fridman, denunció que ciertas licenciatarias están cobrando a los operadores que se retrasan en el pago de sus facturas, hasta un 65 por ciento de interés sobre el valor inicial, circunstancia que no solamente sorprendió a los directivos de la entidad, sino que los llevó rápidamente a trabajar a través de la mesa virtual para contener estas irregularidades.

“Necesitamos que las distribuidoras, en estos período de crisis sanitaria, avisen especialmente en sus facturas cuál será el interés que se va a cobrar en caso de atraso en el cumplimiento y también resulta urgente que haya un acuerdo para que se rebaje el nivel actual de cargos fijos”, expresó el dirigente.

A su vez, Pedro LLorvandi como representante de CECHA en el sector, comunicó que “a pesar de los pedidos, la distribuidora en Santiago del Estero, cobra hasta un 48 por ciento, con la excusa de que los proveedores les cargan el costo, lo cual nos resulta una barbaridad cuando el Estado nacional está brindando créditos para la crisis al 24 por ciento anual”, sentenció.

Vale destacar que desde el organismo tomaron cada nota de cada uno de los reclamos y lanzaron una campaña de diálogo con las licenciatarias, las cuales generalmente participan a través de ADIGAS en estos encuentros, aunque no asistieron al realizado ayer.