Visón crítica
Desde el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA), cuestionaron los articulados del DNU y la ley ómnibus que desregulan la actividad hidrocarburífera, tanto en materia de precios como en relación con los contratos entre petroleras y bocas de expendio particulares.
La eliminación total de las restricciones e intervenciones del Estado en el mercado de los combustibles, genera no solamente dudas sino también rechazos entre los analistas que están participando del debate en el plenario de comisiones del Congreso Nacional, de cara al Proyecto oficialista denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Los opositores a la mega iniciativa parlamentaria advirtieron en relación al párrafo que se refiere a la producción y comercialización de combustibles, que uno de los puntos clave es el impacto directo que perjudicaría a las Estaciones de Servicio particulares, o de tradición familiar, entre las que se encuentran también las conocidas como de “bandera blanca“.
Cambios en los contratos entre petroleras y Estaciones de Servicio tras la sanción del DNU
En ese sentido, fue la economista del CEPA, Aldana Denis, quien le dijo a surtidores.com.ar que a partir de los cambios legales, las expendedoras PyMES independientes que actualmente tienen acuerdos de aprovisionamiento con las petroleras de primeras marcas, dejarán de gozar de los plazos definidos y estarán sujetas a las condiciones impuestas por las compañías refinadoras y productoras, que ahora podrán establecer contratos a plazos más cortos de acuerdo a la conveniencia propia, dejando de lado el interés o necesidad de la parte más débil de la cadena que son las operadoras.
Cabe recordar que tanto el DNU como la ley ómnibus, derogan el Decreto N° 1060/00, que establecía plazos máximos para contratos entre petroleras y Estaciones de Servicio, limitando al 40 por ciento la cantidad de establecimientos propios de cada compañía.
PRECIOS LIBRES A VALOR DÓLAR Y DESABASTECIMIENTO INTERNO
La especialista por otra parte, objetó el Artículo 204 del proyecto de ley que mantiene los derechos de exportación vigentes para los hidrocarburos y la minería en un 8 por ciento y lo relacionó con los Artículos 258 y 259 que señalan que el Poder Ejecutivo no podrá intervenir ni fijar los precios de comercialización en el mercado nacional, dado que el comercio exterior de hidrocarburos será libre.
Denis recalcó que estos cambios podrían resultar en la liberalización de la venta de crudo, permitiendo a las productoras oligopólicas tener mayores incentivos para exportar que abastecer la demanda doméstica. “Esto podría llevar a un aumento en los precios del barril de crudo, ya que las refinerías se verían obligadas a aceptar valores más altos o enfrentar el desabastecimiento”, adelantó.
La economista mostró también su desconfianza particularmente sobre un apartado del Artículo 258, al que consideró “confuso”, porque sugiere que las empresas estatales solo podrán vender a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria.
Especificó que esto podría tener implicaciones negativas para empresas estatales como ENARSA e YPF, al permitir que las firmas privadas ofrezcan sus productos apenas por debajo del precio de paridades de exportación, ganándoles mercado.
La pregunta que el CEPA deja planteada en este análisis, es si estos cambios están llevando a un mercado más libre o si, por el contrario, podrían generar riesgos de desabastecimiento. “La liberalización de la comercialización de crudo podría alterar el equilibrio entre las empresas productoras y refinadoras, afectando directamente a los precios internos y, en última instancia, al bolsillo de los consumidores”, concluyó Denis.
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