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La Cámara de Expendedores de Formosa se reunió con legisladores nacionales y concejales locales para darle forma a una protesta formal elevada por carta al gobernador Gildo Insfrán y al Intendente Jorge Jofré, contra la imposición de gravámenes considerados “distorsivos y netamente recaudatorios”.
Un impuesto que cobra el municipio en concepto de “cartelería y publicidad”, generó en los 18 meses de pandemia una deuda significativa en numerosas bocas de expendio de combustibles de la capital formoseña, que se fue agravando luego de la imposición de cupos de gasoil y desabastecimiento que complicaban el punto de equilibrio del sector.
Tal cual lo explicó a surtidores.com.ar el presidente de la entidad que agrupa a las Estaciones de Servicio Ángel Luis Bigatti, la baja en las ventas durante el período de la crisis sanitaria fue acumulando obligaciones por valor de un promedio de medio millón de pesos dependiendo el contribuyente y no hubo tiempo de recuperarse cuando entró en crisis el abastecimiento.
Una de ellas es la polémica “Tasa de Publicidad”, por la cual el erario local le cobra al estacionero un importe mensual de acuerdo a la cantidad y tamaño de los carteles que posea dentro de cada establecimiento.
“Teniendo en cuenta que una Estación de Servicio prácticamente basa su estructura en carteles e imágenes de productos, entre ellos la de la bandera a la que pertenece, los montos que se lleva el municipio son realmente usurarios”, lamentó a este medio Bigatti, minutos antes de dirigirse hacia la reunión con los parlamentarios para tratar este problema a nivel legislativo.
La ordenanza se aplica desde el año 2009 pero las constantes inestabilidades económicas y la pandemia hicieron que involuntariamente muchos dueños de operadoras de combustibles no pudieran llegar a asumir dichos costos.
“Más allá del tiempo que lleve la norma tributaria o de si se puede pagar o no, el carácter abusivo y destructivo de la capacidad contributiva del empresario estacionero en este caso, es y será evidente”, recalcó el dirigente.
Bigatti adelantó finalmente que una situación similar está ocurriendo con los colegas de la localidad de Clorinda, quienes tienen amenazas de embargos y problemas con la intendencia a causa del impuesto por “Ingreso de mercadería”.
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