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El abogado y especialista en el sector de hidrocarburos, Martín Matzkin, apeló en diálogo con surtidores.com.ar al centenario recurso legal llamado “teoría de la imprevisión”, en relación a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero y que dejó a las Estaciones de GNC, sin ventas suficientes para asumir las facturas de suministro.
Matzkin quien además es propietario de expendedoras de gas, aconsejó que cada estacionero pida el asesoramiento pertinente en este tema específico, a pesar de que se esté atravesando por un período de licencia en los tribunales.
El empresario agregó que los expendedores de gas, no tienen la obligación de pagar a las distribuidoras en este caso de excepción social, porque a su entender, “están incluidas en las pymes de menos de 40 empleados”.
Al respecto dijo que “es un hecho que no se les va a poder pagar y no se les podrá cortar el servicio, por un plazo de tres meses, porque la ley considera que son usuarios del sistema y el Decreto que se emitió conjuntamente a la orden de aislamiento determina tanto que consumidores, como usuarios no pueden recibir cortes por falta de pago”.
Aseveró que “los estacioneros de GNC entran en dicha categoría jurídica, aunque sean firmes o interrumpibles, con lo cual, es posible el reclamo en caso de que las distribuidoras quieras accionar”.
El abogado afirmó que “la última legislación remite a la primer ley de Pymes, en la cual, entran en este rango, la gran mayoría de las Estaciones de Servicio, aunque sean sociedades, con tres o cuatro establecimientos, porque se considera a cada sucursal como unidad de negocio propio más allá de la sociedad”.
Lamentó por otra parte que con el derrumbe del volumen de expendio, era preferible “tener el negocio cerrado con goce de sueldo de los empleados, con lo cual se hubieran evitado la acumulación de otro tipo de gastos y costos fijos”.
Aseveró que el hecho de que el gobierno haya considerado “servicio esencial” a las estaciones todas por igual, sin distinguir las ubicaciones geográficas o la verdadera utilidad de mantener la atención al público, “dejó afuera de cualquier beneficio estatal” a los empresarios del sector.
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