Afirman que el compre estatal terminará perjudicando a YPF

El decreto 1189/2012 promulgado por el gobierno nacional en el mes en curso ha merecido diversas consideraciones acerca de su supuesta conveniencia para la petrolera y el Estado.

Según opina el presidente de la Federación de Expendedores de Córdoba, Raúl Castellano, lo que a simple vista parece una decisión saludable para la administración nacional, no resulta coherente con el esquema de desregulación de la actividad petrolera vigente en nuestro país ni con el saludable encuadramiento de la nueva YPF como sociedad anónima, que debe competir en el mercado y ser rentable en el marco de las reglas de juego de la actividad comercial.

El dirigente opina que “YPF no necesita ningún tipo de privilegio comercial”, ya que sin duda es la principal y más importante compañía petrolera del país, con una participación en el mercado de más del 50 por ciento y promedio de ventas por boca de expendio que duplica o más aun, el del resto de las empresas. Esto se debe a la excelente valoración que el público en general hace de esta empresa lo que la ubica en un sitial destacado en la comercialización de combustibles y lubricantes”, señala.

“Creo que YPF no necesita contar con clientes estatales cautivos, ya que la demanda en sus bocas de expendio supera ampliamente su posibilidad de abastecimiento, con lo que este aparente beneficio, se convertirá seguramente en una carga”, razonó Castellano.

A juicio del titular de FECAC la empresa está modificando su política de precios para acercarlos a los de la competencia, precisamente con el objetivo de compartir con ella el abastecimiento y mantener su plena rentabilidad. “En este contexto, adosarle una nueva clientela cautiva, cuyo abastecimiento no será trasferible a las otras empresas y habrá que cumplir en forma inexcusable, no parece hacerle ningún favor” consideró.

A su parecer, “esta nueva disposición genera una situación de inequidad entre estaciones de servicio YPF y las de otras siglas; de hecho entre estas últimas hay muchas que tienen como clientes habituales a reparticiones estatales, que supieron ganarse como clientes con buenos precios y correcta atención y que hoy perderán abruptamente por la prohibición que establece el decreto en cuestión”.

Castellano sostuvo que por el lado de las reparticiones oficiales, tampoco se advierte beneficio alguno. “En un marco de abastecimiento de combustibles ajustado, en el cual muchas veces tienen dificultades para encontrar quien les venda, ahora se verán más restringidas aún, ya que en caso de faltante por parte de su proveedor de YPF, no podrán recurrir a otro. Así, las dificultades de abastecimiento aumentarán. Y por el lado de los costos, al haber menos oferentes compitiendo en precio y condiciones comerciales para venderles, seguramente terminarán pagando más caros los productos”, sentenció.

“YPF debe ser como se planteó desde su nacionalización parcial, una empresa industrial y comercial rentable compitiendo libremente en el mercado y los organismos gubernamentales deben asegurarse la provisión de combustibles y lubricantes en forma segura y a los mejores precios posibles. Creo que habría que revisar la norma”, aseveró finalmente el directivo.