Advierten que las petroleras podrían sufrir la misma suerte que YPF si no cumplen con las inversiones previstas

Con la nacionalización de YPF, el Gobierno declaró de “utilidad pública” y como “objetivo prioritario” el autoabastecimiento de hidrocarburos. Desde ese momento el estado advirtió legalmente que seguirá de cerca la evolución de la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los combustibles. Mediante la nueva normativa quedó en claro que se tendrán en cuenta los niveles de producción y las reservas comprobadas que demuestren las compañías del rubro, a fines de evaluar su continuidad en el negocio.

Gerardo Rabinovich, especialista del Instituto Argentino de Energía (IAE) analiza que “ahora todas las empresas están sujetas a expropiación”. El ojo estará puesto en el Upstream, donde las compañías pronosticaron importantes planes de inversión que en su mayoría no se cumplieron.

El experto explicó que “de ser una actividad libre pasó a estar controlada”. En la práctica esto significa que “si no se abastece el mercado el estado se puede presentar en la empresa e intervenirla”. No descarta que en el futuro haya sanciones o medidas extremas contra las compañías que no respeten sus promesas.

En este sentido, la relación con el Gobierno será hoy más importante que en tiempos anteriores. Shell, que se mostró abiertamente su desacuerdo con la política oficial sería una de las empresas que estarían en el ojo de la tormenta. La pelea antes se desarrollaba en los tribunales judiciales pero ahora podría pasar al ámbito del Ministerio de Planificación, directamente controlado por el Ejecutivo.

En cuanto al Downtream, Rabinovich considera que “no se van a producir grandes cambios para las estaciones de servicio”. Supone que podría normalizarse el suministro de naftas y gasoil por el esfuerzo de la YPF estatal para que no falten productos en la calle. También considera que “podría haber menos discriminación para las provincias”.