En 2009 las bocas de expendio bonaerenses nucleadas en FEC abrieron una causa ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) denunciando a YPF por “abuso de posición dominante”, debido a que maneja toda la cadena de producción, desde la exploración de crudo hasta la venta de combustibles al público.

A principios de este año la cámara empresaria planteó la necesidad de avanzar en el fallo, por medio de presentaciones burocráticas, pero una vez más no recibió respuestas de los encargados de regular el negocio.

Consultado por este tema, Alejandro Tobalo, asesor legal de FEC, advierte que Defensa de la Competencia “es un órgano que se ha tornado irregular” y que en la práctica funciona bajo lineamientos de los funcionarios del Gobierno.

El dirigente sostiene que a través de ley 25.156, publicada el 16 de septiembre de 1999, se dispuso la creación de un Tribunal Nacional de la Competencia, como órgano independiente, para designar a los miembros por concurso y garantizar la estabilidad de los mismos. Sin embargo, Tobalo alerta que “en quince años este mandato legal no se ha cumplido”. Mencionó que “hay jurisprudencia que ha hecho notar esta anomalía, negando el ejercicio de ciertas facultades, como la imposición de medidas cautelares”.

Sobre el crecimiento que viene mostrando la compañía opinó: “en ningún país occidental a una petrolera se le permitiría operar como lo está haciendo YPF desde hace muchos años, con integración vertical e interviniendo directamente en el mercado minorista a través de casi la totalidad de sus bocas embanderadas”.

Hace hincapié en que “casi todas los puestos operados por terceros venden “por cuenta y orden”, lo que significa que los precios y la distribución de los volúmenes son definidos unilateralmente por la comitente YPF SA y no por los expendedores”.

“Esta práctica permitió mantener precios distorsionados durante años y excluir definitivamente a miles de estaciones de servicio, todo ello, en un proceso de concentración que benefició principalmente a los proveedores, puesto que los locales que fueron cerrando en todos estos años no eran de propiedad de la empresa sino operados por terceros”, expresó Tobalo.

Comparando la situación planteó que “por mucho menos que esa irregularidad, en España, Repsol, Cepsa y BP recibieron fuertes sanciones y prohibiciones consecuentes”.