Nuevo proyecto
El Presidente de la Cámara de Expendedores de Entre Ríos, Osvaldo González, adelantó que están analizando nuevas opciones para lograr que después de doce años de intentos, pueda ser viable la Ley de Comercialización de Combustibles Líquidos y Gaseosos
Los cimbronazos que sufren los estacioneros relacionados a la marcha de la economía nacional e internacional, hace necesario un marco jurídico que proteja a los empresarios pymes de las coyunturas de cada época.
Es el espíritu que los empresarios reunidos en la Confederación de Entidades del Comercio y Afines de la República Argentina tienen como punta de lanza para intentar que el Estado regule finalmente la participación de las compañías petroleras en el mercado minorista.
“El desabastecimiento y las penurias que hoy están atravesando las estaciones blancas no sería tan grave si tuviésemos sancionada la Ley que estamos impulsando desde hace tanto tiempo”, dijo a surtidores.com.ar, el dirigente de CECHA, Osvaldo González.
Agregó que actualmente el descontrol en materia de precios y producto produce hoy una crisis de abastecimiento que llegado el momento de la cosecha en el mes de septiembre, puede llegar a ser muy grave, dado que las expendedoras de los pueblos no tienen combustible.
Esto sumado al aumento de precios mayoristas, según el empresario entrerriano, también provoca falta de gasoil directo para el agro. “Si la demanda crece, finalmente el cliente productor, terminará buscando abastecerse en las estaciones de los centros urbanos y no será posible afrontar la demanda de todos al mismo tiempo”, alertó.
“Destacamos la voluntad de DAPSA en la solución de los problemas puntuales de cada colega, pero vamos a seguir reclamando por otras opciones que permitan que el Congreso trate y apruebe nuestro proyecto para dar un marco regulatorio, que haga que las petroleras entreguen producto en tiempo y forma de manera constante y ecuánime”, adelantó González.
Finalmente recalcó que “no podemos estar a merced de las decisiones y los cambios permanentes de las proveedoras que actúan de acuerdo a su plan de negocios, pero que el Estado debe cuidar de la cadena de comercialización que es en definitiva la que fortalece la actividad económica del país”.
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